Por Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer y Capilla Navarro. Universidad de la Islas Baleares
El pasado día 16 de enero, pocos días después de estrenar un nuevo año, y con él las ilusiones y buenos propósitos propios de cuando iniciamos una nueva etapa, salta la dramática noticia de la primera víctima de violencia de género en nuestra comunidad. Una joven de 25 años había sido brutalmente golpeada y posteriormente lanzada por la ventana, presuntamente, por su novio, un chico de 29 años. Con ella son, hasta la fecha, cuatro ya las mujeres muertas en España por una violencia machista que parece no tener fin.
Es cierto que la nueva ley integral contra la violencia de género dará instrumentos útiles para combatirla. Es una ley muy esperada y también muy luchada. Es, a nuestro juicio, una buena ley, progresista y ambiciosa, pero que, para que tenga toda la efectividad necesaria, requerirá del compromiso de diferentes administraciones y colectivos. Y es precisamente en ese punto donde nos gustaría detenernos unos minutos para aportar algunas reflexiones sobre cual debería ser el compromiso de la comunidad universitaria en este proceso.
No es la primera vez que nos ocupamos del tema, ni por supuesto somos las únicas que lo hacemos, nada más lejos de la realidad.
Diferentes grupos de investigadoras/es en temas de género de un gran número de universidades españolas y de distintas asociaciones universitarias, venimos reclamado desde hace tiempo la urgencia de que en los planes de estudio de las diferentes disciplinas, pero muy especialmente en aquellas más directamente relacionadas con la compleja problemática de la violencia contra las mujeres (como pueden ser psicología, pedagogía, enfermería, medicina, educación, trabajo social, derecho, entre otras) se introduzcan contenidos desde una perspectiva de género que permitan al alumnado completar su formación más allá de los tradicionales análisis, muchos de los cuales se mantienen todavía fuertemente anclados en principios androcéntricos.
¿Cómo podrán los futuros profesionales enfrentarse a una situación tan sensible y compleja si durante su formación no se les han proporcionado los elementos necesarios para que la puedan analizar correctamente y actuar sobre ella de manera efectiva? La responsabilidad de la comunidad universitaria es ineludible. No basta ya con la buena voluntad de un número muy importante de profesoras y algunos profesores que de manera un tanto altruista, dificultosa siempre, incomprendida y poco valorada todavía en algunos casos, van haciendo sus aportaciones a través de seminarios, grupos de estudio, asignaturas optativas y de libre configuración, cursos abiertos, etc.
Los cambios deben, también, venir desde arriba y obedecer a un compromiso real y efectivo de las autoridades académicas.
Deberíamos, en nuestra opinión, romper con el tópico de una universidad alejada de la sociedad y de sus problemas reales, una universidad adormecida y mecida en una autocomplacencia absurda e impropia de quien se autoproclama vanguardia intelectual. La universidad por la que vale la pena luchar es aquella comprometida, valiente, que va un paso adelante y no arrastrándose a duras penas detrás de los cambios sociales.
En estos momentos se están elaborando, dentro del llamado proceso de convergencia europea del espacio de educación superior, los nuevos planes de estudios. A pesar de las repetidas peticiones que se han hecho llegar a las autoridades académicas y políticas, hasta el momento nada nos induce a la esperanza. Sin embargo sería muy grave perder este tren. Precisamente la ley integral habla de la necesidad de la educación, a todos los niveles, como elemento preventivo, de la necesaria formación de los/as profesionales implicados/as, de los necesarios cambios de mentalidad, de nuevas actitudes frente a la utilización de la fuerza en las relaciones interpersonales, del aprendizaje de formas pacíficas de solucionar los conflictos, pero ¿Cómo lo vamos a conseguir si la Universidad no participa activamente en ello?
El hombre que, presuntamente, mató a su novia el pasado día en Palma de Mallorca tenía 29 años (y por cierto es español). Tenemos constancia de que muchos otros agresores eran también hombres jóvenes. Esta constatación nos indica que la edad, por si misma, no es un factor corrector que introduzca cambios en las creencias y comportamientos abusivos y violentos. Algo tendrá que decir la Comunidad Universitaria. Consideramos imprescindible que lo haga cuanto antes. Sin duda encontrará muchas profesionales comprometidas, muchas investigaciones hechas, aunque no suficientemente publicitadas, mucho material elaborado aunque deficientemente distribuido. Encontrará mucho camino hecho, pero no suficiente. Es necesario construir un marco general en el que todos estos estudios tengan cabida y lleguen a todo el alumnado y al profesorado hasta convertirse en parte imprescindible de los currícula básicos de nuestros/as futuros/as profesionales.
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