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Contra la represión a feministas nicaragüenses

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A LAS COMPAÑERAS FEMINISTAS DE NICARAGUA

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

AL GOBIERNO NICARAGÜENSE

Con indignación hemos leído en estos días la denuncia interpuesta por la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH) en contra de varias compañeras feministas en Nicaragua, en su mayoría integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia, pues sin fundamento real las acusan de supuestos hechos delictivos cometidos por ellas.

Culpar a las compañeras de situaciones ilógicas por el simple hecho de demostrar quién tiene más poder, no sólo es una muestra de autoritarismo, sino también de una falta de respeto a las garantías individuales y un atropellamiento al gobierno democrático que existe en aquel país.

La represión como muestra de ejercicio de la autoridad no hace mejores gobernantes, tampoco las acusaciones falsas hacen mejores ciudadanas. Denunciar por supuestos hechos delictivos a mujeres defensoras de los derechos humanos, luchadoras sociales y comprometidas activistas es una violencia de género que vulnera la Carta Magna del país y tratados internacionales ratificados también por su país, pero más allá de los instrumentos jurídicos con estos actos se demuestra intolerancia y una falta de respeto al trabajo y la lucha de miles de mujeres en el mundo.

Rechazamos las infundadas medidas legales ejercidas en contra de las compañeras: Ana Maria Pizarro, integrante de la Coordinación Regional de la C28; Juanita Jiménez, quien era Responsable de Incidencia de la Red de Mujeres contra la Violencia; Lorna Norori, psicóloga y activista; Luisa Molina Arguello, vocera de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia; Martha Maria Blandón, del Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos y de IPAS Centroamérica; Martha Munguia, directora del Centro de Mujeres Acción Ya; Mayra Sirias, actual vocera de la Red de Mujeres contra la Violencia e integrante de su Comisión Coordinadora; Violeta Delgado, ex Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia y Yamileth Mejía, hasta hace poco Responsable de Formación Política de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Exigimos el cese inmediato de persecución y atropellamiento de los derechos humanos de estas compañeras y el resto del movimiento amplio de mujeres en Nicaragua. Demandamos la no continuación de las denuncias por carecer de elementos.

La Red Ciudadana Feminista de México expresa su incondicional apoyo y continuaremos atentas para no permitir juicios carentes de legalidad.

ATENTAMENTE

Red Ciudadana Feminista de México

MC. Guadalupe Hernández Guerrero
Co-coordinadora Nacional.

Lic. Nadia Sierra Campos
Co-coordinadora Nacional

—  Red Ciudadana Feminista de México,
RECIFEM
redciudadanafeminista@gmail.com

Luchamos por la equidad de género en México, monitoreamos la implementación de acuerdos internacionales para el avance de las mujeres: Beijing, Cairo, Viena y Rio. Abogamos por cambios en las políticas públicas en México y el mundo.

RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO

Solidaridad con el pueblo de Nicaragua y en particular con sus mujeres

Manifestamos nuestra solidaridad hacia el pueblo de Nicaragua, y en particular hacia el Movimiento de Mujeres y la Red de Mujeres Contra la Violencia de ese país, ante la denuncia de la que han sido objeto nueve de integrantes.

Consideramos que las acusaciones contra Ana María Pizarro (médica argentina, coordinadora regional de la Campaña 28 de Septiembre); Juanita Jiménez (hasta hace poco Responsable de Incidencia de la Red de Mujeres contra la Violencia); Lorna Norori, (psicóloga y defensora de los derechos de las mujeres); Luisa Molina Arguello (de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con Niñez y Adolescencia); Martha María Blandón (Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos; IPAS Centroamérica); Martha Murguía (Centro de Mujeres Acción Ya); Mayra Sirias (vocera de la Red de Mujeres contra la Violencia e integrante de la Comisión Coordinadora); Violeta Delgado (ex Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia) y Yamileth Mejía (hasta hace poco Responsable de Formación Política de la Red de Mujeres contra la Violencia) constituyen un claro esfuerzo por intimidar a las mujeres centroamericanas que vienen trabajando en la defensa de sus derechos.

Esta acción judicial aparece como una clara estrategia de sectores fundamentalistas (a través de la Asociación Nacional pro Derechos Humanos -ANPDH-, y en alianza con el poder político) para tomar represalias contra quienes años atrás se involucraron en la denuncia contra el actual Presidente de la República Daniel Ortega, por graves delitos de violación y abusos contra su hijastra Zoilamérica Narváez cuando era niña y adolescente.

El hecho reviste particular gravedad en el marco de la contraofensiva que se observa en Nicaragua por parte de los sectores conservadores. Cabe destacar que el pasado 13 de noviembre se modificó el Código Penal, eliminando la legalidad del aborto terapéutico, práctica que hasta ese momento era aceptada cuando estaba en peligro la vida de la madre, el feto no tenía probabilidad de vivir, o presentaba graves malformaciones congénitas. Actualmente, en Nicaragua la posibilidad de interrumpir un embarazo está totalmente prohibida.

Este intento por acallar las voces de las militantes nicaragüenses, es también un ataque a todos los movimientos y grupos de la región y nos pone en alerta frente a los intentos de limitar el derecho a expresión en cualquier ámbito.

Reciban nuestro apoyo y nuestro saludo fraternal.



2007-11


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Temas :
Discriminación
Países :
Nicaragua

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