"Una noche me encontré con tres hombres que, sin decirme nada, me dispararon", cuenta Imelda, de 21 años, mientras abraza a su hija pequeña. "Recibí cinco disparos en las piernas, pero tuve suerte: vuelvo a caminar". Imelda conoce sin duda a quienes la dispararon, pero no dirá nada. En la residencia Sólo Para Mujeres, un oasis de paz para jóvenes a la deriva situado cerca de la terminal de autobuses de la capital, la historia de Imelda no tiene nada de excepcional. Hace algunas semanas, otra residente, Esther, de 16 años, fue encontrada lapidada.

Al hojear el registro de la residencia donde, desde hace tres años, 246 adolescentes o mujeres jóvenes han estado alojadas, Ana Verónica de León, la gerente, realiza el terrible inventario de las que han muerto: cerca de una tercera parte, de las que a menudo tan sólo queda una fotografía. Casi todas huyeron de su familia, como esta chiquilla de 14 años violada por su padre, que se volvió heroinómana. Algunas fallecieron a causa del sida o de la droga, pero la mayoría fueron asesinadas a tiros o a puñaladas. "Disponemos de un presupuesto para los entierros para evitar que acaben en una fosa común", precisa Anne Pascal, presidenta de la asociación Les Trois Quarts du Monde, que financia el proyecto. Al recorrer el barrio de la terminal, se entiende enseguida de dónde vienen las residentes y en qué se ven inmersas con demasiada frecuencia. Deben resistir a los proxenetas que pululan en los infames bares de alterne, pero también a los traficantes que, para alimentar el mercado de la adopción, no dudan en comprar, e incluso secuestrar, a los bebés.

Aunque no en todas partes es tan palpable como en esta cloaca pringosa, la violencia contra las mujeres causa estragos en toda Guatemala. Con el telón de fondo de la miseria y la descomposición social de este pequeño país centroamericano de 11,5 millones de habitantes, devastado por 36 años de una guerra civil (1960-1996) que provocó 260.000 desaparecidos y de la que nunca se terminan de exhumar las fosas comunes.

Sin embargo, en la plaza de la Constitución, la reunión para el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres no ha atraído a mucha gente para proclamar que "el silencio mata" o gritar "¡Justicia!". Pero el pequeño altar sobre el cual unas flores y frutas rodean los retratos de algunas mártires -Clara, Gabriela o Sara- ha sido colocado delante de la catedral, y no del palacio nacional. Como si se encomendasen antes al cielo que al Gobierno para poner fin a esta plaga.

La inseguridad es beneficiosa para algunos. En la otra punta de la plaza, una "sociedad de seguridad internacional" ha abierto una oficina de reclutamiento. A condición de tener entre 18 y 40 años y de medir más de 1,60 metros (lo que excluye a los mayas, pequeños de talla), los candidatos al puesto pueden esperar recibir un salario de unos 1.300 quetzales (130 euros), incluyendo el alojamiento y la alimentación.

Cada mañana, los diarios Siglo Veintiuno y El Periódico enumeran los homicidios del día anterior, indicando mediante dibujos si se trata de asesinatos por arma de fuego, arma blanca o lapidación, y publican curvas estadísticas. Se asemejan a las cotizaciones bursátiles, pero se trata de la cotización de la vida. En caída libre. Singularmente, la violencia feminicida no deja de aumentar: desde enero, más de 450 mujeres han sido asesinadas, y suman 1.400 víctimas en cinco años.

Para poner rostros a estas cifras, El Periódico ha publicado las fotografías de 77 víctimas de 2004. De Gladys Estela, de 14 años, apuñalada en el corazón, a Romelia, de 65, asesinada de cuatro balazos, pasando por Manuela, de 19, violada y asesinada junto con su bebé de 8 meses; Ana Fidelina, de 20, madre de dos hijos, lapidada en Poptún; Blanca Estela, de 22, acribillada cuando estaba embarazada de ocho meses; Rosa Lourdes, violada y estrangulada con 24 años; o Claudia Lucía, de 20, estudiante de arquitectura, secuestrada y fusilada...

Al contrario que la ola de crímenes cometidos en Ciudad Juárez, localidad mexicana fronteriza con Estados Unidos, donde alrededor de 400 obreras han sido asesinadas en los últimos 10 años, en Guatemala no hay una tipología de las víctimas. Entre ellas hay una mayoría de amas de casa, empleadas de la confección, algunas obreras y estudiantes, pero en la mayor parte de las fichas policiales su ocupación está "indeterminada". Se trata en su mayoría de niñas y jóvenes: el 56% tiene entre 2 y 30 años.

Las maras

En cuanto a los asesinos, los primeros acusados son las maras. "Son bandas de barrio en las que los jóvenes más pobres entran con menos de 12 años para sentirse protegidos y respetados", dice Sergio Fernando Morales, procurador de derechos humanos, especie de mediador que sólo tiene una autoridad moral. "Las maras siempre han existido, pero han pasado de la delincuencia al crimen".

El procurador atribuye esta escalada a un fenómeno de reimportación. "Muchos guatemaltecos han pasado clandestinamente a EE UU para instalarse en Los Ángeles. Allí, en contacto con las bandas de jóvenes negros, los delincuentes latinos han adoptado unos comportamientos de extrema violencia. La policía californiana ha reaccionado, y a cada detención sigue una expulsión. De este modo, se trata de unos profesionales que se han reinstalado en el país. Disponen de armas modernas, granadas, fusiles de asalto, y matan a todos aquellos que tratan de resistirse a ellos, en especial cuando asaltan un autobús".

Al parecer, en la capital hay más de 90 maras, que agrupan a unos 10.000 pandilleros, y cerca de 400 en el resto del país. Los mareros son implacables cuando se trata de defender su territorio o a sus compañeras, a las que consideran de su propiedad. Una joven que abandona a un marero está condenada. El asesinato de una mujer podría también formar parte de ritos iniciáticos impuestos a los nuevos miembros. El hecho de que las torturas y los actos de barbarie acompañen a menudo a los asesinatos -violación, cabeza cortada, mutilaciones varias- hace pensar asimismo en la existencia de prácticas satánicas.

"También hay mareras", indica el periodista Carlos Arasola, "pero cuando una de ellas es víctima de un ajuste de cuentas, no pasa inadvertida: una chica con tatuajes es catalogada como marera".

Una sociedad terriblemente machista

EN LA SEDE de la Policía Nacional Civil (PNC), un palacio barroco con suelo de baldosas encerado, Óscar Pivaral, su portavoz, parece sereno. Sin embargo, acaba de publicar un comunicado sobre una masacre cometida en los confines del país. Balance: cuatro muertos, entre ellos una mujer y una niña. Aunque el ataque a una granja haya sido perpetrado por hombres vestidos con uniformes azules que lanzaron granadas de fragmentación, la PNC ya ha concluido que se trata de "venganzas personales por problemas de tierra...". ¿Se puede creer a Pivaral cuando imputa en un "80%" los asesinatos de mujeres a las maras?

Hay que subir hasta el último piso de la PNC para encontrar la pequeña sección de homicidios contra mujeres, creada en abril. En la vasta habitación, equipada con tres viejos ordenadores, la actividad parece limitarse a las labores de archivo. René Salazar, el jefe de esta sección, aunque insinúa que la dificultad de las investigaciones se debe sobre todo a que "la mayoría de las veces los cuerpos son encontrados lejos de su lugar de residencia, en descampados o basureros", no duda en afirmar que "el 85% de los asesinatos de mujeres son resueltos".

"En una sociedad terriblemente machista, la violencia contra las mujeres empieza por la negación de derechos como el acceso a la salud o al trabajo", afirma Mirna Oliva, feminista del movimiento La Cuerda. Las indígenas (los mayas representan el 43% de la población) sufren una triple discriminación: de sexo, de raza y de pobreza. Bajo la presión de la Iglesia, cuya influencia disminuye a favor del Movimiento Evangelista, ultrarreaccionario, que desplaza a enormes multitudes y se enriquece a un ritmo vertiginoso, el aborto sigue estando penalizado, mientras que los abusos sexuales permanecen impunes y el código penal es propio de la Edad Media. Un ejemplo: el autor de una violación a una menor es liberado si se compromete a casarse con su víctima.