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La diversidad en agenda

Por Irene León

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A finales del siglo XX, el mundo asistió a uno de los más significativos cambios en materia de comprensión de las relaciones humanas y sociales: la conceptualización de las relaciones de género, y el ulterior desarrollo de políticas, instrumentos legales y mecanismos nacionales e internacionales orientados a reducir las disparidades [1]. A la par, se despejó también la existencia de relaciones de poder en la sexualidad, su naturaleza política, su repercusión social, y su trascendencia de lo individual.

En ese proceso, además de las mujeres, se nombraron e identificaron grupos sociales enteros que, por su disociación de la heterosexualidad obligatoria, enfrentaban varias formas de segregación. Los colectivos de gays y lesbianas, por ejemplo, que por primera vez se visualizaron como grupo social y no como individualidades asiladas.

El reconocimiento de las dimensiones sociopolíticas del cuerpo y las sexualidades pasó desde entonces a ser parte de aquellos avances que la humanidad ha ido afirmando progresivamente, teniendo en mira justamente la humanización de la vida y de las distintas formas de expresión inherentes a ella. Es en ese marco que las feministas acuñaron el concepto de derechos sexuales, que se refiere principalmente a la autonomía personal y la libre toma de decisiones sobre la vida sexual, pero que también coloca a la sexualidad en el ámbito de los derechos, poniendo en evidencia su lugar en las relaciones sociales, políticas, económicas y de géneros.

Los movimientos sociales que postularon estos cambios –principalmente el feminista y luego el LGBT Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans)- imprimieron de esta perspectiva múltiples escenarios: el político y social, el académico, el institucional local e internacional. Pero si la agenda de cambios en las relaciones entre los géneros consiguió plasmarse en la formulación de legislación y políticas internacionales, principalmente en la ONU y otros mecanismos regionales, aquella sobre orientación sexual, registró avances mucho más focalizados pero también importantes. Los más trascendentes en el Sur: la inclusión de la no discriminación por orientación sexual en la Constitución Sudafricana (1996) y en aquella del Ecuador (1998). En este último caso, se reconoció también el derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su cuerpo y sexualidad; los derechos sexuales; y otros.

En este proceso, el siglo XXI nació con varias propuestas de reconceptualizaciones: la relativa a la pluralidad de las relaciones intergéneros en las distintas sociedades, contextos y culturas –y hasta la existencia de distintas categorías intra-genéricas, en Asia central por ejemplo-; las referentes a las nuevas categorías sociológicas que resultan de las intersecciones entre distintas formas de discriminación; y también las inherentes a la pluralidad de las identidades de género –expuestas principalmente por el transgenerismo-.

Por otro lado, las nuevas expresiones de la imbricación entre el patriarcado y el capitalismo, transparentadas por las regresiones operadas en el periodo neoliberal, que agudizó las desigualdades estructurales a tal punto que en algunos casos neutralizó los derechos obtenidos a finales del siglo XX, se revirtió en el surgimiento de un nuevo discurso feminista, que desborda lo considerado especifico, para incursionar en lo considerado como general –La Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, producida por la Marcha Mundial de las Mujeres, es un ejemplo-, como lo es en el campo LGBT aquel del Dialogo Sur/Sur LGBT, que se plantea como un espacio de resistencia a la globalización capitalista.

El siglo XXI nació con nuevos movimientos sociales, con nuevas visiones y nuevos cuestionamientos al orden sexual capitalista; al heterosexismo patriarcal; a los límites sociopolíticos que resultan del enfoque binario del concepto género, visibilizando la existencia del plural para este último.

Logros institucionales

En el escenario institucional internacional, las principales alusiones a géneros y sexualidad se mantienen de manera predominante en el área de la salud y la educación, poco aún en aquella de derechos. De allí lo innovador de las propuestas de los dos Estados latinoamericanos que han encaminado a la ONU iniciativas para reafirmar los derechos y libertades relativos a la orientación sexual y condenar las violaciones de los derechos humanos por ese motivo.

La iniciativa de Brasil ante la Comisión de Derechos Humanos (2003) ganó el respaldo de 54 países; aquella del Estado ecuatoriano en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y otras formas de Intolerancia Relacionadas (2001) registró el apoyo de unos 50 –incluida la Unión Europea que en aquel entonces contaba con 27 países-. Pero, si bien estas Declaraciones no progresaron en la ONU, de esta última Conferencia resultaron planes de acción y algunos consensos, que sí están siendo implementados por los Estados. En el caso de las Américas, el Plan de Acción de la Sociedad Civil interrelaciona los derechos sexuales con las diversas problemáticas y sectores.

En América Latina y el Caribe, el proceso reivindicativo y la movilización política relativos a las sexualidades, centrados principalmente en torno a la afirmación de derechos y ciudadanía, y la formulación de políticas para la erradicación del sexismo, la discriminación por orientación sexual y la identidad de género, ha obtenido resultados institucionales significativos en casi todos los países.

En el Ecuador, la revolución ciudadana iniciada en el 2007, sólo necesitó de un año para formular su Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo con un enfoque transversal de género, e incluir en él ejes innovadores como la diversidad sexual, por primera vez concebida como asunto de preocupación nacional, que requiere de acciones, de políticas y de una institucionalidad que es parte de las propuestas de reforma del Estado, que contempla la creación de una Secretaría de Estado especializada en la igualdad de las personas discriminadas por orientación sexual e identidad de género.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) registra desde el lenguaje no sexista hasta el llamado a incorporar la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y planes de desarrollo; reconoce el valor económico del trabajo doméstico y el derecho de las amas de casa a la seguridad social; refrenda la igualdad en todas las esferas; y define en su preámbulo a los seres humanos –y no al capital- como sujeto del desarrollo.

En Bolivia, país mayoritariamente indígena (62%), además de la inclusión de un significativo dispositivo constitucional relacionado con la igualdad entre los géneros (2008), destaca la identificación del país como plurinacional, lineamiento inclusivo que fue precedido de uno de los más significativos avances simbólicos, pero también material, como es la irrupción de las mujeres indígenas a espacios clave de decisión y de poder, hecho inédito en la historia, máxime si ese grupo social registra las más agudas consecuencias de una discriminación histórica, pues ellas hasta 1952 no se beneficiaban siquiera de derechos políticos.

La llegada de las indígenas al poder no sólo las rehabilita a ellas como sujeto político, sino que evidencia una ruptura con las visiones tecnocráticas de la gestión del Estado, con el racismo y el androcentrismo. Un símbolo de esta nueva tendencia es el papel jugado por la líder campesina Silvia Lazarte, bajo cuya presidencia se aprobó la nueva Constitución boliviana, aún bajo recias presiones de la derecha que se obstina en impugnar el peso de las mayorías, regla del juego democrático electoral que la propia democracia burguesa produjo.

En Brasil, está en marcha la formulación de una política de Estado, concretizada en el Plan Nacional de Política para las Mujeres, que fue precedida de un voluminoso proceso de consultas, en las que participaron tanto las instituciones nacionales y estatales como las organizaciones sociales, su aplicación apunta a agilitar las políticas de género en las esferas gubernamentales y tomar medidas para que, por ejemplo, las 15 millones de mujeres jefas de familia mejoren su situación. Sus contenidos están orientados a efectivizar los derechos civiles, políticos, sexuales y reproductivos, e implementar políticas de educación, cultura, comunicación y producción de conocimiento. El Estado brasileño fue el primero en poner en marcha un programa nacional: “Brasil sin Homofobia” (2004) que además de la creación de una secretaría especializada en la materia, propone políticas de educación, salud, cultura y justicia.

Uruguay también aprobó el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011, con el objetivo de priorizar los derechos de las mujeres en la agenda pública. Sus líneas de acción tienen el propósito de fomentar una visión integral de la igualdad, afrontando la discriminación por sexo, género, edad, raza, etnia, religión, orientación sexual, nivel socioeconómico, lugar de residencia y discapacidades.

En Cuba, el único país de la región que mantiene una política de Estado consistente desde hace medio siglo: la igualdad socioeconómica, el acceso al conocimiento, a las esferas de poder y decisión, la participación, y otros requisitos para la igualdad de las mujeres, registra avances sin precedentes en la región y están respaldados por una agenda de proceso, orientada al logro pleno de la igualdad. Siendo así, el más reciente avance en términos de igualdad y eliminación de todas las formas de discriminación, es el reconocimiento del derecho a legalizar la identidad de género por opción, hecho inédito en el hemisferio, planteado en la Asamblea del Poder Popular en el 2007. Cuba es el único país de Latinoamérica donde las personas transgénero se benefician gratuitamente de cuidados y medicinas para su transición de sexo. En el 2008, el Centro Nacional de Educación Sexual –con estatus de secretaría de Estado- organizó un amplio debate nacional sobre la erradicación de la homofobia, en la que participaron las más altas instancias del poder popular. Esta iniciativa de sensibilización social, es concebida como medida complementaria a la existente dotación de un amplio programa nacional que incluye educación, salud, empleo, comunicación, justicia, etc.

Pero también se registran algunos cambios sectoriales en países que aún se mantienen en la línea neoliberal, un ejemplo de ello es la reciente adopción de la “Ley de Sociedades de Convivencia” del Distrito Federal de México (2007), que reconoce las uniones de personas del mismo sexo.

Asimismo, instancias regionales y hemisféricas como la Comunidad Andina y la OEA, han formulado cláusulas de derechos humanos similares a las antes mencionadas.

Proceso complejo

En otras palabras, gracias a las acciones de los movimientos, especialmente LGBT y feminista, las instituciones están cambiando y las sociedades también, no obstante, el sexismo, el heterosexismo y la homofobia siguen siendo una suerte de eje transversal de muchas prácticas sociales. Y, adicionalmente, el surgimiento de nuevos grupos ultra conservadores, como el movimiento pro-vida, que se beneficia del apoyo institucional del Vaticano y del gobierno estadounidense, ha ganado terreno y popularidad en casi todos los países. Se trata entonces de un proceso complejo, en el cual cada país tiene sus propias contradicciones y matices. Brasil, por ejemplo, a la vez que ha impulsado las más progresistas iniciativas nacionales e internacionales en distintos tópicos relativos a sexualidades, registra el más alto índice de crímenes homofóbicos. De allí que una parte importante del movimiento por la diversidad sexual latinoamericano y caribeño, se mantenga aún en el campo reivindicatorio de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

Notas

[1] Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas.


Fuente: América Latina en Movimiento. Julio 2008


2008-07


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