Por Charo Nogueira. El País
Mejoras en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para los empleados de la Administración General del Estado (en ella trabajan 228.509 personas, el 49%, mujeres). Estas medidas figuran dentro del Plan por la Igualdad de Género que ayer aprobó el Gobierno.
La iniciativa, cuya implantación está supeditada al acuerdo con las organizaciones sindicales, otorga a las empleadas estatales facilidades para la conciliación familiar y laboral superiores a las ofrecidas al resto de los trabajadores. Así, los empleados de la Administración, hombres o mujeres, podrán disfrutar de jornada reducida (con disminución proporcional del sueldo) por el cuidado de hijos menores de 12 años (el Estatuto de los Trabajadores sólo lo prevé para la atención a niños de hasta seis años), por ser personas mayores o por discapacidad. Igualmente, el plan establece la posibilidad de disfrutar de jornada flexible con una autorización de carácter personal y temporal.
El plan apuesta por la promoción profesional de las empleadas de la administración. De entrada, se reservará el 40% de las plazas de cursos de formación de directivos para adjudicarlos a las trabajadoras que tengan la formación requerida. También se pretende favorecer la promoción interna, tanto de hombres como de mujeres, desde los escalones más bajos. Para velar por el cumplimiento del principio de igualdad se creará el futuro Observatorio del Empleo Público. En los temarios de las oposiciones para trabajar en la Administración se incluirán temas sobre igualdad.
Además, los tribunales de los exámenes tendrán una composición paritaria (por tal suele entenderse al menos un 40% de mujeres). Ese criterio se extenderá a los nombramientos de libre designación, de forma que cuando los directivos soliciten candidatos para puestos de trabajo directivos, la Dirección General de la Función Pública incluirá cuatro aspirantes, de los que al menos dos deberán ser mujeres. Asimismo, para la provisión de puestos de trabajo por libre designación se tendrá en cuenta la proporción de hombres y mujeres con la titulación requerida. Esta medida quiere favorecer la carrera de las funcionarias.