Por Isabel Villar/ corresponsal
Uruguay, (CIMAC).- La violencia doméstica tiene diversos costos, para las mujeres que la sufren significa miedo, depresión, intentos de suicidio, pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y pérdida de la autoestima. Para la sociedad, en tanto, la violencia contra las mujeres compromete recursos destinables a otros fines.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1,6 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región latinoamericana.
Un ejemplo concreto de lo que esto significa: El Área de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay estima que el PBI de ese país rondará en 2004 los 13.500 millones de dólares.
Si los costos de la violencia doméstica insumieran entre el 1,6 y el 2 por ciento del PBI, conforme a las estimaciones del BID, esto significaría un monto de entre 216 y 270 millones de dólares, es decir, algo más del doble de lo que hace falta para financiar el Plan de Emergencia que se propone llevar a cabo el reciente gobierno electo durante el primer año de gestión, para apoyar a la población más carenciada.
Datos asimilables de Chile y Nicaragua
La estimación porcentual de los costos de la violencia doméstica surge del informe El impacto socioeconómico de la violencia doméstica contra la mujer en Chile y Nicaragua, elaborado por A. Morrison y M.B. Orlando, para la Unidad de la Mujer en el Desarrollo del BID, publicado en Washington DC, en 1997. Allí se recogen los estudios realizados en Santiago de Chile y en Managua, Nicaragua, el año anterior.
Morrison y Orlando calcularon el costo para la economía en Santiago de Chile en el 2 por ciento y en Managua del 1,6 por ciento del PBI, sin considerar los correspondientes a los sistemas judicial y policial. El mismo estudio señala que la violencia doméstica repercute fuertemente sobre los ingresos de las mujeres: en Santiago las que sufrían violencia física severa ganaban sólo el 39 por ciento de lo que percibían las que no padecían ese tipo de abuso, y en Managua del 57 por ciento.
Cuando se hicieron estos cálculos, en Santiago de Chile el 40,7 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años que vivían en pareja sufría violencia. En Nicaragua ascendía al 52,6 por ciento, y de ellas el 28 por ciento padecía violencia física severa.
Una encuesta realizada por Teresa Herrera y Asociados para el BID en 1997, mostraba que la violencia doméstica afectaba al 46 por ciento de los hogares en Montevideo y Canelones. Una encuesta de Unicef agregaba que el 39 por ciento de las niñas y niños había sufrido algún tipo de violencia, un 15 por ciento de ellos de carácter físico grave.
En Uruguay no hay estudios de costos económicos de la violencia doméstica. Pero ya en 1999 la economista uruguaya Mariella Torello, durante una intervención en el Programa de Seguridad Ciudadana, advirtió que “Si la incidencia de este tipo de fenómeno fuera similar a las registradas en Chile o Nicaragua, no es descabellado pensar que los gastos asociados en Uruguay se ubicarían en el entorno de las estimaciones realizadas para estos países”.
Torello también señalaba que “La principal dificultad con que tropiezan los estudios acerca de los costos asociados a la violencia en general y a la violencia doméstica en particular, es la deficiencia de información estadística al respecto”, y marcaba la necesidad “de un sistema unificado de estadísticas continuas de este tipo de delito, que establezca criterios que permitan relacionar la información ya recopilada por distintos canales, normalice la información recopilada por distintas instituciones e implemente nuevas fuentes de información desde el sistema educativo y de salud”.
Las estadísticas oficiales de violencia contra las mujeres brillaron por su ausencia en Uruguay, hasta que en 2001 la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito comenzó elaborar anualmente la de personas fallecidas en incidentes de violencia doméstica. Sin perjuicio del avance que implica, sólo contabiliza homicidios dejando fuera otras formas de maltrato como golpes, heridas, amenazas, daños en bienes, y la violencia sexual en todas sus expresiones.
Costos directos e indirectos Todavía es muy limitada en la región la información existente sobre los devastadores costos económicos, directos e indirectos, de la violencia doméstica.
Son costos directos los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo. También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución de la productividad que impacta en la economía global.
Y muchos otros de esta última categoría (algunos denominados “costos intangibles”) que, en su mayoría, no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición. Entre ellos, están el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicidio, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima.
También están los llamados costos de transmisión, originados en los efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia doméstica. Es sabido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica: cuando los niños son víctimas o testigos tienden a repetir esas conductas en su vida adulta.
El Banco Mundial calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres por razones de salud es el resultado de problemas relacionados con violencia doméstica, que incluye la física, la sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado. El BID advierte que los costos indirectos pueden superar ampliamente a los directos.
El propio estudio del BID citado, muestra que, en Managua, los hijos de familias con violencia intrafamiliar son tres veces más propensos a asistir a consultas médicas y son hospitalizados con más frecuencia. El 63 por ciento de ellos repite años escolares y, en promedio, abandona la escuela en el noveno año, frente a una escolaridad de 12 años de los hijos de mujeres que no sufren maltrato.
El gasto en los países desarrollados
Los países desarrollados tienen desde hace tiempo estudios de costos reveladores. En l994, la violencia de género costó a Nueva Zelandia 1.200 millones de dólares, lo que superó los ingresos del país por concepto de exportaciones de lana, o los recursos gastados en indemnizaciones por desempleo. Gran Bretaña calcula que el mismo problema le cuesta mil millones de libras esterlinas al año.
Según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades dado a conocer en 2003, los costos de la asistencia médica por consecuencias de violación, ataque físico, acecho y homicidios impetrados a las mujeres por las parejas íntimas (cónyuge, ex cónyuge, novio en el presente o en el pasado), sobrepasan en Estados Unidos los 5.800 millones de dólares al año.
De ese total, aproximadamente 4.100 millones corresponden a servicios de atención médica y psicológica directa, y l.800 millones a pérdidas de productividad. Otras fuentes calculan que las pérdidas globales anuales por violencia doméstica están entre los 10.000 y 67.000 millones de dólares.
Un estudio realizado en Canadá muestra que la violencia contra las mujeres le genera al país un gasto de unos l.600 millones de dólares anuales, incluyendo atención médica de las víctimas y pérdidas de productividad.