Soledad Murillo se reune con las asociaciones feministas para analizar medidas contra la violencia hacia las mujeres

MADRID. El Consejo de Ministros aprobará mañana medidas para lograr el cumplimiento estricto de las leyes contra la violencia de género, con propuestas como la suspensión del régimen de custodia o visita de los hijos o la puesta a disposición judicial de los agresores que violen las órdenes de alejamiento.

La secretaria general de Política de Igualdad, Soledad Murillo, que se reunió ayer con representantes de la Red de Organizaciones Feministas para conocer sus reivindicaciones, declaró que se necesita tiempo para consensuar la ley integral, por lo que se están celebrando encuentros en los ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales para tener las medidas listas para el viernes.

No quiso adelantar su rango legal ni concretar su contenido, pero aseguró que «se está ofreciendo todo el apoyo a los medios policiales, se está trabajando a efectos de coordinación, se pretende tener una vigilancia y seguimiento del agresor y se quiere, por supuesto, poner a disposición judicial a las personas que incumplan las medidas cautelares de alejamiento».

Murillo subrayó en este contexto la necesidad de que en el ámbito judicial se sea «muy escrupuloso», que se realicen «atestados» como en los accidentes de tráfico, con fotografías y huellas dactilares, y que «actúe la Policía con todos sus medios». «Resulta imprescindible -añadió- la coordinación de las fuerzas de seguridad y orden público para que poner una denuncia no te coloque en situación de riesgo».

A su juicio, «en ningún momento» se puede confiar en que un agresor, «que no respeta un derecho constitucional y humano como es la vida de su compañera sentimental o esposa», va a cumplir una orden de alejamiento si la ha vulnerado. La violencia doméstica es una «absoluta prioridad» en la agenda del Gobierno, pero Murillo insistió en la necesidad de no precipitarse a la hora de aprobar la ley integral, para la que se mantiene el compromiso de remitirla a las Cortes el 31 de junio. Respecto al presupuesto de la futura norma, aseguró que «cada medida tendrá respaldo económico», ya que «no se puede lanzar una ley si tú no equipas a la Policía y si no equipas a los jueces con recursos de formación».

Fuente: ABC