Los socialistas portugueses han entregado en la Mesa de la Asamblea de la República su tercera propuesta de referéndum para despenalizar el aborto. La iniciativa fue tumbada dos veces el año pasado (una por el presidente Jorge Sampaio y otra por el Tribunal Constitucional, ambas por problemas de plazos). El referéndum, un compromiso electoral del Partido Socialista (PS), trata de acabar con una de las leyes más restrictivas de Europa, que sólo contempla como casos legales el riesgo para la vida de la mujer o para su salud, la malformación fetal o el embarazo resultante de una violación. La oposición socialdemócrata mostró el viernes pasado su apoyo a la iniciativa socialista.
En la práctica, dada la resistencia generalizada de hospitales y médicos, hay muchas mujeres que ni siquiera en esos casos consiguen abortar legalmente. La cifra de abortos clandestinos en Portugal ronda los 20.000 anuales (al menos 3.000 se realizan en España), y en torno a 5.000 mujeres acaban ingresadas en urgencias cada año. Según las asociaciones feministas, más de 100 mujeres han muerto en los últimos 20 años por complicaciones en abortos ilegales. Y otras muchas siguen siendo denunciadas, junto a médicos y enfermeras, ante los tribunales, donde se arriesgan a penas de hasta tres años de cárcel.
Aprovechar la mayoría
El Partido Comunista, que presentó una propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin recurrir a referéndum (sin éxito: el PS votó en contra) y las organizaciones de mujeres son críticos con la decisión socialista de someter la alteración legislativa a una consulta popular en vez de aprovechar su cómoda mayoría absoluta para aprobar un proyecto de ley.
Alberto Martins, líder del Grupo Socialista, admite que Portugal "tiene en este momento una ley retrógrada, inicua y socialmente injusta, que no tiene sentido. Comprendo que haya gente que prefiera el camino de alterar directamente la ley, pero el compromiso electoral del partido era convocar un referéndum y eso es lo que vamos a hacer".
Alberto Martins confía en que el trámite no se demore mucho. "La pregunta que presentamos (’¿Está de acuerdo en que sea legal la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer antes de las 10 semanas?’) es la misma que fue declarada constitucional antes del referéndum de junio de 1998, y eso debe ayudar a acelerar el proceso".
La última vez que los portugueses votaron en referéndum sobre el aborto fue en junio de 1998. La votación fue pactada en 1997 por socialistas y socialdemócratas durante una reunión nocturna que anuló la aprobación parlamentaria de una ley progresista, lo que aplacó el descontento de la jerarquía católica. Ganó el "no" por estrecho margen (51 a 49), aunque el referendo no fue vinculante porque sólo votaron el 31% de los electores, menos del 50% imprescindible.
MIGUEL MORA - Lisboa EL PAÍS -