En el periódico El País del sábado día 4 del mes en curso aparece como noticia que el Gobierno rechaza que la Generalitat pueda regular la prostitución basándose en un Informe del Instituto de la Mujer en el que se afirma que el hecho prostitucional "es una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática" y que su regulación supone un retroceso en el camino a la igualdad real entre mujeres y hombres.
Las mujeres miembros del Área Federal de la Mujer de IU y de diversos colectivos feministas, que nos pronunciamos en contra de la legalización de la prostitución, nos felicitamos por la decisión que, visto el Informe del Instituto de la Mujer, va a adoptar el gobierno de no respaldar la regulación del comercio sexual que pretende llevar a cabo el gobierno de Cataluña.
Nosotras, que hace ya unos años iniciamos este debate y concluimos que la erradicación de la prostitución es la única alternativa a adoptar desde una posición feminista que considere los DDHH en toda su extensión como marco jurídico y ético para la convivencia humana, trabajamos con la Plataforma para la Abolición de la Prostitución desde sus inicios y hemos luchado y seguimos trabajando contra las campañas reglamentistas, que esconden en algunos casos o un contradictorio concepto de libertad (¿la libertad de ser esclava?) o, en los más, la cobertura de un gran negocio: el comercio del sexo. Porque lo que se oculta en el discurso reglamentista, es que se trata siempre de la situación de personas forzadas a ejercer la venta de su cuerpo, en todas sus variantes, en estado de necesidad y la mayoría de las veces obligadas por mafias que trafican con ellas. Si no hay estado de necesidad de partida de la mujer prostituida (con o sin coacción física), si no se ejerce por dinero, si de lo que se trata es de disfrutar del sexo entonces no estamos hablando de prostitución. Pero el único bienestar que se contempla en la reglamentación del intercambio de sexo por dinero es el de la persona que genera la demanda, el prostituidor y es precisamente a él, a sus garantías sanitarias, de discreción, de seguridad en todos los aspectos a quien protege las medidas reguladoras del sistema prostitucional. Seguridad del prostituidor a cambio de instaurar jurídicamente la esclavitud de otros seres humanos..
Este comercio solo puede ser aplaudido por los que se lucran, y cómo, por él: los proxenetas del siglo XXI que ahora se autodenominan empresarios del sexo, constituidos en autentico lobby económico que mueven al año entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Deconstruir los argumentos en los que se apoya la tolerancia y complacencia social hacia los prostituidores es una tarea política que debe formar parte de todo discurso de emancipación social, y transformarse en acción legislativa de todo gobierno en un Estado de Derecho.
Los gobiernos, según su ámbito de poder, deben afrontar la cuestión, ni pueden esconder la cabeza bajo el ala ni presionados por intereses de varios tipos, proxenetas, vecinos molestos, etc…, legislar bajo la presión de estos por encima del interés general. Así, siguiendo las directrices de las NNUU, puede servir de referente el modelo sueco en el que se penaliza al cliente-prostituidor y al que se beneficia de la compraventa de carne humana, y centrando sus esfuerzos en la mujer en situación de prostitución y su salida del estado de necesidad en el que se encuentra, mediante la adopción de medidas de inserción social y laboral.
No podemos por todo ello escatimar nuestro apoyo al gobierno que rechaza la reglamentación del sistema prostituidor porque no quiere legitimar la violencia contra las mujeres y considera la prostitución una "practica degradante" y que en última instancia lo que está rechazando es a convertirse en proxeneta finalista, que llenaría las arcas públicas con impuestos recaudados del comercio de la dignidad humana.
Rosario Luque Gálvez
Coordinadora Área Federal de la Mujer de IU