Por María de la Luz González, enviada / CIMAC
Separados no sólo por miles de kilómetros de distancia, sino por contextos económicos y sociales diferentes, legisladoras y legisladores de España, México y Guatemala descubrieron y asumieron coincidencias en torno a un fenómeno que preocupa a los tres países: la violencia contra las mujeres.
Reunidos durante dos días, las y los parlamentarios de los tres países reconocieron que la violencia de género no es un asunto privado ni un problema exclusivo de un Estado o un país, sino un problema mundial.
La magnitud del problema fue perfilada por la embajadora Carmen Moreno Toscano, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw), quien convocó a las y los legisladores a luchar de manera conjunta para tipificar el feminicidio como un delito en el ámbito internacional.
Precisó que de acuerdo con cifras oficiales una de cada tres mujeres en el mundo -hasta mil millones de mujeres- es víctima de violencia en algún momento de su vida: es violada, agredida físicamente, forzada a tener relaciones sexuales o a contraer matrimonio.
La internacionalista sostuvo además que la violencia contra las mujeres en este siglo se está incrementando en función de los temas de la globalización; por ejemplo, la migración, que se está feminizando y ha traído como consecuencia que las mujeres ahora sean más víctimas de tráfico, abuso y violencia.
"La violencia contra las mujeres una manifestación de las relaciones de poder que ha existido históricamente y que se ha mantenido oculta por falta de información, por falta de acceso de las mujeres a la justicia, por la inadecuada implementación de las leyes existentes", afirmó.
Moreno Toscano recordó a las y los parlamentarios asistentes al encuentro que hay formas todavía más graves de violencia contra las mujeres, como la prostitución, el tráfico y la mutilación genital de niñas derivada de prácticas ancestrales que prevalece en países como Egipto, Mali, Somalia, Sudán y Yemen.
Asimismo, destacó que el año pasado sólo 29 de 190 países contestaron el informe anual sobre violencia contra las mujeres al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y que 79 naciones no tienen legislación contra la violencia doméstica, aunque ésta no se cumple incluso en algunos de los lugares donde existe.
"Este es un tema mundial; no es un asunto de lugar, o de Estado. No podemos permitir que las mujeres sigan siendo victimizadas", dijo, y pidió a las legisladoras luchar por que, tal como se ha introducido el genocidio en la legislación internacional, se impulse la tipificación internacional del feminicidio.
ROMPIENDO EL SILENCIO
Impactadas por las cifras de la violencia feminicida en México y en Guatemala, las legisladoras españolas reconocieron la aportación de las organizaciones de mujeres que después de una larga lucha lograron, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, sacar el tema de la violencia de género del ámbito doméstico y convertirlo en un asunto de interés público.
Las legisladoras destacaron los avances logrados en su país en el combate a la violencia de género con la aprobación de la Ley Integral de Violencia, aunque reconocieron que hacen falta más juzgados especializados pues sólo se crearon 18 en todo el país y están saturados. También es necesario garantizar la seguridad personal de las mujeres agredidas tras la denuncia.
En España, señaló la senadora del Partido Popular, Carmen Quintanilla, "hemos roto el silencio. Las mujeres hoy denuncian más y aguantan menos. Antes sufrían el maltrato durante 25 años; ahora el tiempo se ha reducido a ocho o 10". Sin embargo, reconoció que el problema no ha sido erradicado. Sólo este año han sido asesinadas 41 mujeres y hay 98 mil 749 denuncias de mujeres por malos tratos.
"Nuestro Estado ha empezado a responder. De nuestra ley, lo que más ha llamado la atención es la parte penal, pero la parte más importante es la prevención, porque podemos cambiar los códigos, pero las sociedades cuestan más trabajo", sostuvo.
La secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, destacó la importancia de establecer el concepto de feminicidio -un esfuerzo que impulsan legisladoras mexicanas- porque, dijo, nombrar lo que ocurre es apostar por buscar soluciones.
En ese término, explicó, concurren diversas circunstancias, como la impunidad; que el estado de derecho no proteja a todos sus ciudadanos por igual, y el ensañamiento, "el desprecio absoluto a la mujer por el hecho de serlo".
Por su parte, la senadora María Emelina Fernández, integrante de la Comisión de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, explicó que, si bien en México el feminicidio puede ser un delito en sí mismo, en el sistema jurídico europeo quizá la solución sería considerarlo un agravante, aunque ese paso todavía está en análisis.