Por María de la Luz González/ CIMAC
Una adolescente de 15 años es la más reciente víctima del feminicidio en Chihuahua. Se trata de Adriana Iveth González Zavala, una joven de 15 años desaparecida el 7 de agosto pasado cuyo cuerpo fue localizado en la comunidad de Sisoguichi, del municipio de Bocoyna, en la sierra chihuahuense.
De acuerdo con el reporte de la Subprocuraduría de Justicia Zona Occidente, el cuerpo de la menor presentaba golpes contusos y tenía las manos sujetas hacia atrás con alambre, en condiciones similares a las de las primeras víctimas de feminicidio.
La joven era sobrina de Guadalupe Zavala, integrante de la organización Justicia para Nuestras Hijas, cuya hija Erika Ivonne Ruiz Zavala también fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, en el 2001, cuando tenía 15 años. El crimen sigue impune.
Erika desapareció el 23 de marzo del 2001 y su cuerpo fue encontrado tres meses después, el 29 de junio, desnudo y semienterrado en una tumba del panteón municipal; dos de sus dedos habían sido mutilados.
Al ser localizada, Adriana Iveth tenía al menos 48 horas de haber fallecido como resultado de una fractura de cráneo provocada por un objeto pesado, según los primeros reportes. El cuerpo fue identificado por su hermano, Jaime Zavala González, mientras las autoridades anunciaban que interrogarían a la familia, porque no reportó la desaparición de la joven.
Al respecto, Alma Gómez, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que Sisoguichi es una comunidad indígena ubicada a unas cuatro horas de distancia de Chihuahua, la capital, circunstancia que hace muy difícil para sus habitantes acudir ante el Ministerio Público u otra autoridad para cualquier trámite.
Consideró que el asesinato de Adriana Iveth es una prueba de que siguen sin funcionar las medidas adoptadas por las autoridades para detener la violencia contra las mujeres en Chihuahua, y que los mayores problemas se encuentran en los ministerios públicos y la integración de las investigaciones.
"Se toman decisiones en las altas esferas, pero hay burocracia, corrupción, nexos con el crimen organizado; es decir, ignorancia, negligencia y complicidad. Todavía se necesita mucha más presión para que las autoridades investiguen con profesionalismo y rigor científico", aseguró.
Gómez destacó que las familias de las víctimas se dieron cuenta hace mucho tiempo de que el gobierno federal "es pura voluntad y nada concreto", y que si bien las autoridades estatales han adoptado algunas medidas adecuadas, como la contratación del Equipo Argentino de Antropología Forense, todavía queda mucho por hacer para lograr justicia.
"Hay que considerar que el trabajo del equipo argentino, en el que las familias tienen plena confianza, va a centrarse sólo en la identificación, y que se requiere un equipo de criminalistas especializados para hacer una investigación integral, con una visión de conjunto del problema, sin aislar los casos. Y tienen que traerlo de fuera, porque los ministerios públicos de México no tienen esa preparación", sostuvo.
La activista precisó que, pese a todas las recomendaciones y acuerdos sobre el tema, los agentes siguen incurriendo en errores como no preservar la escena del crimen, no recoger toda la evidencia y no establecer las cadenas de custodia, acciones indispensables para aclarar un homicidio.