Por Lourdes Muñoz
En la lucha contra la violencia de género, en Cataluña y España vamos por el buen camino. Queda, no obstante, mucha distancia por recorrer, la que nos separa de la tan anhelada tolerancia cero contra los maltratos. Incluso así podemos felicitarnos como sociedad por las decididas movilizaciones de rechazo a los actos violentos, por las continuas expresiones de apoyo a las mujeres que han recibido palizas de manos de su pareja.
Desgraciadamente, aún pasan desapercibidas otras manifestaciones de la violencia de género: la dominación y control que algunos hombres someten a las mujeres, las humillaciones que soportan -en público o en privado-, el aislamiento social, las coacciones y amenazas que padecen algunas mujeres. Hay hombres que hacen callar a sus parejas en público, que controlan sus movimientos, que les dicen cómo tienen que vestir. Y esto también es violencia sexista.
Trabajar por cambiar los valores sociales constituye el paso imprescindible a dar para erradicar cualquier tipología de violencia de género. Y aquí es dónde juega un papel crucial la “Ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género” aprobada defintivamente en las Cortes Generales, pese a que noticias como la reciente puesta en libertad del imán de Fuengirola, que en un libro recomendaba algunas técnicas por maltratar mujeres sin dejar marcas, no ayudan demasiado a la sensibilización social.
El debate que precedió la votación del nueve texto ha contribuido, sin duda, a una mayor concienciación social alrededor de este grave problema. Y la entrada en vigor de la ley representa un firme adelanto en derechos para las mujeres, y para la sociedad en general. Por ejemplo, ahora las mujeres -y los hombres, claro está- podemos reclamar la retirada de un anuncio sexista, estamos en condiciones de exigir que los libros respeten la igualdad de género. Y gracias a la ley las mujeres maltratadas dispondrán de asistencia legal, servicios de recuperación integral, derecho a un plan específico de inserción laboral (una medida destinada a mujeres maltratadas en paro) y nuevos derechos en el trabajo (las trabajadoras víctimas de la violencia de género podrán solicitar, por ejemplo, el traslado a otro centro de trabajo).
En un tercer plan, la nueva ley comporta cambios substanciales a la hora de hablar de las políticas públicas de lucha contra la violencia de género: las mujeres ya no tenemos que pedir a las adminitraciones determinados proyectos o ayudas para luchar contra los ataques sexistas. Tenemos derecho a ello. Que funcionen o no estas medidas dejará de depender de la voluntad política del Gobierno de turno.
Esta ley representa, pues, un auténtico paso adelante para las víctimas de la violencia de género, primero, las mujeres y toda la sociedad, depués. No en vano, el texto fue redactado tomando como premisa básica que los actos violentos contra mujeres y niñas constituyen una de las vulneraciones de los derechos humanos más persistentes en el tiempo, que es común en todas las culturas y países. El texto afirma que la violencia de género es una de las consecuencias más graves y mortíferas de la relación hombre-mujer fundamentada en la dominación y la desigualdad.
Ha sido un gobierno socialista el que ha impulsado una norma global por luchar contra la violencia de género en el ámbito de la pareja, más allá de las relaciones de convivencia. Así, la ley se ha redactado desde la convicción que existe violencia de género en otros ámbitos, fuera del hogar -violaciones, ablaciones, acoso sexual- y deja claro que estos delitos están penados legalmente o bien que serán regularados próximamente, como en el caso de la violencia en el ámbito laboral, que s’incluirá en la futura Ley de Igualdad.
La Ley contra la violencia de género es la primera norma legal en el mundo que en su preámbulo especifica como objetivo el logro de la igualdad en la pareja y que afirma que en las relaciones sentimentales las mujeres somos vulnerables por el hecho de ser mujeres. El PP, durante ocho años fue incapaz de impulsar una ley tan necesaria. Es cierto que adelantó algunas modificaciones del Código Penal, o que el Gobierno actuaba cuando una mujer denunciaba. Pero las (escasas) medidas del PP no contemplaban la prevención y no tenían, ni de lejos, el afán transformador de las relaciones entre hombres y mujeres.
Hace unos días, los diarios publicaban que J., un vecino de Vila-seca, era detenido por agredir en varias ocasiones su compañera sentimental. El mismo día, la Guardia Civil también detenía J. C., este golpe en Cambrils, por haber pegado su compañera en mitad de una discusión. La mujer tuvo que ser atendida en un hospital. En unas pocas horas de diferencia, y no demasiado lejos de Cambrils, en la Selva del Camp, A. S. pasaba a disposición judicial acusado de maltratar físicamente su mujer, que también precisó atención médica. Desgraciadamente, continúa habiendo un goteo constante de casos de violencia de género, tan en Catalunya en España. No obstante, de estas malas noticias se puede hacer -se tiene que hacer- una lectura positiva: Que las mujeres han perdido el miedo a denunciar. Esto, sumado a una mayor conciencia social por erradicar esta lacra y combinado con la entrada en vigor de la nueva ley, tiene que permitir hacer mucho más eficaz la lucha contra la violencia sexista en todos los ámbitos.
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