Por Alejandra Sardá
Fotografía: Carmen Torres
Delegaciones de los gobiernos de casi todo el mundo y organizaciones no gubernamentales de mujeres y feministas inician este lunes 28 de febrero la revisión de la implementación de la Plataforma de Acción, aprobada en Beijing, China, en 1995, la que perseguía el fomento de los derechos de las mujeres. Una vez más, se teme que Estados Unidos, el Vaticano y otros países pretendan hacer retroceder tales derechos.
Hace casi diez años, representantes de todo el mundo aprobaron en Beijing la Plataforma de Acción, un instrumento que se fijó como objetivo promover la igualdad de género y los derechos de la mujer, objetivo en el que los gobiernos y organismos internacionales tenían un papel central. Una década después, estos mismos gobiernos, expertos y organizaciones no gubernamentales se reúnen para hacer un balance y ver si las tareas se han cumplido.
De manera general, ya se sabe que no se ha hecho todo lo prometido en Beijing, pero que en algunos aspectos se ha avanzado, por ejemplo, en cuestión de materia legislativa que protege a las mujeres contra la discriminación, los abusos y la violencia, pero para muchas activistas no todo puede quedar en el plano de la legislación.
Los organizadores de la conferencia coinciden en la importancia del reconocimiento de la dignidad de la mujer y de su aporte a la sociedad, el derecho de las mujeres a acceder a la educación, a la salud y a un empleo con una remuneración digna.
Pero algunos gobiernos, entre los que se cuenta a Estados Unidos, siguen siendo reacios a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por otra parte, el panorama político y social mundial ha cambiado desde 1995. De acuerdo al texto preparado por María Teresa Blandón, representante de la Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a la Plataforma de Acción, el poder de los movimientos religiosos fundamentalistas (católicos y evangélicos) ha crecido en la región de América Latina y el Caribe. El documento fue presentado en Nueva York, en la Mesa Redonda que se realizó el 24 de febrero de 2005, como actividad previa a la 49 sesión de la Comisión sobre la Condición Política y Jurídica de la Mujer.
“Algunos gobiernos de la región han renovado sus alianzas políticas con estos grupos [fundamentalistas] que apuestan por el retorno de las mujeres a los roles de madre-esposa y se oponen a toda forma de diversidad humana, especialmente en la sexualidad y en la constitución de familias”, se indica en el documento. También se señala que en muchos países, la idea y la práctica del estado secular está siendo abandonada a favor del retorno al estado confesional, postura que lleva a los gobiernos a no cumplir sus obligaciones establecidas en la Plataforma de Acción en el área de los derechos y la salud sexual y reproductiva.
El análisis sobre América Latina y el Caribe y la implementación de la Plataforma de Acción incluyó una fuerte crítica a las instituciones financieras internacionales y a los gobiernos latinoamericanos: “Si bien los gobiernos latinoamericanos están siempre dispuestos a reafirmar la validez y la importancia que tiene la Plataforma de Acción para el desarrollo y la paz, están más dispuestos todavía a obedecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que les imponen las instituciones financieras internacionales.
“Esas obligaciones, y los programas de ajuste estructural que ellas implican -se indica en el texto- hacen que a los gobiernos les resulte imposible cumplir con sus obligaciones frente a las personas pobres y a las mujeres en particular. Pero queremos subrayar que nuestros gobiernos no son meramente víctimas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC): carecen de la voluntad política de darle prioridad a los derechos humanos y a las vidas de las personas. Cuando nos dicen que no hay dinero para implementar lo que dice la Plataforma de Acción, eso no es cierto. El dinero existe pero su decisión política es destinarlo al pago de la deuda externa, a temas de seguridad o a la corrupción”.
Otro punto que inquieta a las organizaciones no gubernamentales de mujeres es que en esta reunión que debe evaluar la implementación de la Plataforma de Acción, los gobiernos quieran dar prioridad a los resultados de la Declaración del Milenio, la Cumbre del Milenio, y los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, en los que participaron exclusivamente los gobiernos.
“Para nosotras, el proceso del Milenio refleja el cierre de espacios para la sociedad civil dentro de la ONU, un proceso de aislamiento por parte de los estados que consideramos muy peligroso”, dice el documento sobre América Latina y el Caribe.
“Como región que ha conocido los horrores de las dictaduras y que sólo recientemente ha comenzado a intentar, con muchas imperfecciones, la construcción de sociedades más democráticas, exhortamos a nuestros gobiernos y a todos aquellos que forman hoy la Organización de Naciones Unidas, a abandonar esta tendencia. Queremos trabajar junto con los gobiernos y con otros actores sociales -incluyendo a las comunidades de fe que no son fundamentalistas- para construir una ONU democrática y responsable, un foro donde gobiernos y sociedad civil juntemos esfuerzos a favor de la paz, la justicia y la equidad, contra la guerra, el autoritarismo y todas las formas de fundamentalismo”, se señala en el documento.
La Mesa Redonda, organizada por la División para el Progreso de la Mujer y el Comité de ONG sobre la Condición Política y Jurídica de la Mujer, tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
En la Mesa Redonda participaron Rachel Mayanja, asistente y asesora especial del Secretario General de la ONU sobre cuestiones de género y representantes de los Puntos Focales integrantes del Comité Internacional de ONG para la Planificación de Beijing + 10: Gladis Mutukwa (África), Alejandra Sardá (América Latina), Zeina Noujaim (Asia Occidental), Pam Rajput (Asia y el Pacífico), Sylvie Peret (Europa y América del Norte) y Mubarak Sharipova (Europa del Este).
Fuentes: Alejandra Sardá, Canal Solidario. Mujeres hoy
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