Por Mónica Pérez (CIMAC)- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy tres puntos de acuerdo para combatir diferentes formas de violencia contra las mujeres, presentados por diputadas integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada.
El primero exhorta al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y la Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Celia Pérez Gordillo, a realizar las acciones necesarias para proteger al personal que del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, Quintana Roo, que desde noviembre pasado han sido víctimas de agresiones y amenazas de muerte.
En conferencia de prensa, Lydia Cacho Ribero, actual presidenta del CIAM, explicó que las intimidaciones y ataques contra ella y el personal que labora en esa institución, empezaron luego de que en 2004 recibieron y atendieron a dos mujeres víctimas de violencia.
La primera, esposa de un supuesto agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y ex policía judicial de nombre, José Ramón Hernández Castillón, y la segunda, esposa de un narcotraficante de Quintana Roo, que responde al nombre de José Alfredo Jiménez Potenciano.
Ante estos hechos, presentaron las correspondientes denuncias en la Procuraduría del Estado sin lograr resultados.
Fue hasta el día de ayer cuando recibió respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) y, de manera conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La activista de los derechos humanos de las mujeres indicó que la PGR le ofreció la protección de dos agentes locales de la AFI, propuesta que rechazó ya que “no puede ser protegida por los propios agentes del estado que la amenazan”.
Cacho Ribero señaló que la PGR ya cuenta con suficientes elementos para detener a los presuntos delincuentes.
Lydia Cacho Ribero se ha dedicado a la defensa de los derechos de mujeres y protección a víctimas de violación y maltrato. En noviembre pasado comenzó a recibir amenazas de muerte por esta labor, en particular por haber apoyado la denuncia contra una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el empresario libanés nacionalizado mexicano, Jean Succar Kuri, detenido en Arizona, Estados Unidos.
En el mismo acto las diputadas Marcela Lagarde y Blanca Gámez, informaron que el pleno de la Cámara de Diputados también aprobó otros dos puntos de acuerdo sobre el tema de la violencia contra las mujeres.
El primero para incluir en la agenda legislativa y estatal la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la campaña nacional “Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios”
Este punto es un llamado a los congresos locales a sumarse a dicha campaña, a cargo de la diputada Lilia Aragón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que protegen a las mujeres víctimas de violencia.
El segundo exhorta a la PGR a crear una fiscalía especializada en delitos violentos en contra de las mujeres que tenga el nivel de subprocuraduría y que actúe con plena autonomía.
Este punto fue presentado por la legisladora Marcela Lagarde, del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana.
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