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Jueves 11 de diciembre de 2008

El Gobierno español estudia un plazo para abortar de 12 a 14 semanas

Por Carmen Morán. El País

El Gobierno no tiene previsto ir más allá de la media europea en el plazo libre para abortar. Por tanto, estudia situar ese periodo entre las 12 y las 14 semanas. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, descarta que ese tiempo en el que una mujer podrá decidir si interrumpe su embarazo sin necesidad de dar más explicaciones se alargue hasta las 22 o 24 semanas, que es como está regulado en Reino Unido, una excepción en el panorama europeo.

El Gobierno opina que este no es ya el momento de plantear a la sociedad si debe haber aborto o no, algo que se hizo hace más de dos décadas y que ya está superado por completo en la calle. Es el momento, dicen, de plantear esta reforma desde otros puntos de vista. Por un lado, el jurídico, para que ninguna mujer reciba en su casa la llegada de un guardia civil por haber interrumpido su embarazo; o para que ningún novio o marido, en caso de separación, pueda denunciar que su ex pareja abortó fuera de los márgenes de la ley, un delito que no prescribe hasta los cinco años.

Por otro lado, está el punto de vista sanitario. La idea del Gobierno es buscar la equidad entre las distintas comunidades autónomas, de tal forma que en todas ellas haya las mismas condiciones para interrumpir el embarazo. Y regular la objeción de conciencia entre los médicos de la sanidad pública, donde apenas se practica un 3% del total de abortos.

El primer semestre del año que viene, la nueva ley pasará por el Consejo de Ministros y emprenderá su periplo parlamentario. Para entonces, tendrán que haber redactado un texto que no choque con el Tribunal Constitucional. En 1985 se recogió que en el supuesto de que la madre corra algún tipo de peligro, físico o psíquico, el aborto se podría practicar. Y no se pusieron plazos porque el Constitucional entendió que el derecho de la madre está por encima del que tiene el feto. Si ahora se quiere poner coto en este supuesto, podrían tener el rechazo de los tribunales.

En paralelo a este debate, una nueva preocupación se ha instalado entre los dirigentes del PSOE y del propio Gobierno: el creciente número de abortos en España, sobre todo entre las más jóvenes. El objetivo es lanzar una campaña de ámbito nacional donde todas las comunidades puedan unir fuerzas para rebajar esas cifras.

Se trataría de una gran campaña como la que en su día fue la de promoción del uso del preservativo Póntelo, pónselo, o, previamente, la del sida Sí da, no da. Es un problema que en mayor o menor medida afecta a todas las comunidades, con independencia de su color político, por eso en el Gobierno confían en que no haya problemas para, entre todos, luchar por este objetivo. Para ello, dicen, habrá que contar también con el ámbito educativo. Pero la gran polémica desatada en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha dejado muy diluidos los contenidos de esta materia y no se garantiza qué podrá impartirse en los centros de ideario católico ni quién lo impartirá en las escuelas públicas. Como pasó con el aborto, que el PSOE sacó del programa electoral de la última convocatoria, a pesar del rechazo que causó en buena parte de su electorado, algunos errores políticos tampoco han contribuido a tener garantizada estas enseñanzas en el ámbito educativo.



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