Al menos seis miembros del Comité de Bioética de Catalunya mantienen vínculos con empresas farmacéuticas y clínicas privadas de reproducción humana

A raíz del reciente dictamen del Comité, que considera “necesario optar por la regulación” del alquiler de vientres, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres señala que un comité que se pronuncia en el sentido de que el cuerpo de las mujeres y sus capacidades reproductivas pueden ser objeto de explotación, será un comité pero no es un comité ético.

Se da la circunstancia de que al menos 6 miembros del Comité de Bioética de Catalunya mantienen relación con empresas que tienen intereses comerciales en la legalización de la práctica del alquiler de vientres.

El reciente informe de dicho Comité, posicionándose a favor de la legalización de la explotación reproductiva del cuerpo de las mujeres, contó con el apoyo y complicidad de la mayoría de un Comité compuesto por 27 personas, con un solo voto particular contrario a dicha posición.

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, los argumentos esgrimidos a favor de la legalización de la explotación reproductiva son una falacia, ya que la condicionan a que la prestación de las capacidades gestantes de las mujeres sea altruista y hace suyo el discurso eufemístico de la “compensación económica” como cortina que oculta que realmente estamos ante una relación bajo precio, es decir, ante un mero alquiler de cuerpos de mujeres.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres señalan la hipocresía de llamar altruista a un modelo que prevé “la justa compensación a la mujer gestante” “por los gastos que comporte el embarazo si estos no están cubiertos por el sistema público de salud, así como por lo que se haya dejado de percibir o por pérdidas no cuantificables (molestias, oportunidades laborales, dificultades familiares o de su entorno que pueda generar el embarazo, etc)”.

Con tales premisas, no solo no cabe hablar de altruismo sino que, por el contrario, parecería que el Comité solo prevé que sea exigua lo que denominan “la justa compensación” a las mujeres, en tanto que otros implicados como los despachos de abogados o las clínicas de reproducción asistida no verían mermados sus honorarios.

Ni gratis ni pagando, advierten las feministas, se alquila el cuerpo de las mujeres.

Para las feministas, no es sorprendente que el pronunciamiento de dicho Comité se haga público tras la modificación de la instrucción del Registro y el Notariado que dificulta las gestiones administrativas para la filiación de nacidos en el extranjero como consecuencia de estas relaciones comerciales. Según denuncian, los pronunciamientos del Comité se hallan viciados dada la sobrerrepresentación de miembros con intereses directos con empresas que comercializan productos y servicios vinculados con la reproducción humana. Al menos seis miembros del Comité mantienen esos vínculos.

La plataforma feminista se felicita del voto particular en contra del doctor José Viñas Salas para quien “los contratos que se hacen firmar a la mujer gestante le hacen pasar por restricciones de sus derechos y libertades e incluso se obliga a los profesionales que atienen al parto a no vincular el niño a la madre. No se trata de alquilar un útero, sino a una madre. No se puede usar a una mujer para satisfacer el deseo de otra persona”.

En su voto particular, el doctor Viñas apunta que una modificación de la legislación sería en todo caso para poner una sanción a quienes se salten la ley. La reciente instrucción del ministerio de Justicia para inscribir a los bebés nacidos mediante explotación de una mujer ha sido, en ese sentido, una oportunidad perdida.