•	La Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente constata que los agresores múltiples son la minoria de los violadores, siendo lo más frecuente que quienes atacan la libertad sexual sean los que pertenecen al entorno familiar y social de la víctima.

•	Los agresores múltiples deben ser considerados como terroristas de género, ya que al igual que los que realizan terrorismo político, su violencia es indiscriminada, no seleccionan,  atacan por el mero hecho de ser mujer. Crean alarma social, por lo aleatorio del comportamiento y la brutalidad del comportamiento.

•	Hemos constatado que no son enfermos por definición, debiendo en todo caso estar a cada persona concreta. A todos ellos los han peritado en el proceso judicial y el resultado mas común es que tenían sus capacidades volitivas y intelectivas intactas. Es por lo tanto muy importante evitar abordar el problema como si se estuviera tratando con enfermos.

•	Los violadores no pueden ser por tanto tratados como personas con imputabilidad reducida o con capacidades mermadas, sino considerados como otros personajes que dañando a personas han hecho mal con plena conciencia como los genocidas, que pese a la inmensidad del daño causado eran perfectamente conscientes de ello y buscaban tal resultado.

•	Atacan a un grupo poblacional, “las mujeres” a través de la humillación sexual. No son más fogosos ni tienen una sexualidad descontrolada. Hemos constatado que un violador puede incluso actuar siendo impotente o teniendo problemas de toda índole en este ámbito.

•	Estas consideraciones previas las hacemos dado que hemos constatado con estupor que se adopta una actitud “paternalista” con ellos. Mientras exista la violencia y la discriminación de sexo es preciso actuar con más contundencia aplicando los instrumentos legales y protegiendo a las víctimas.

•	Al tiempo que se tiende a proteger al agresor en múltiples detalles,  no se toma con la suficiente importancia ni el daño que causan estos delitos en las víctimas, ni la importancia social que tiene su enjuiciamiento y últimamente se relativizan los índices de reincidencia desde estudios penitenciarios no suficientemente validados.

Por todo ello creemos necesario DENUNCIAR:

EN RELACION A LOS VIOLADORES

- La extrema protección de la que gozan a través de actuaciones públicas y privadas que:

•	Ocultan su imagen y su nombre.
•	No notificando a las victimas su puesta en libertas o concesión de permiso (pese a estar legalmente establecido).
•	Habiendo facilitado en algunos casos no solo la prestación económica de reinserción de la que gozan todos los presos sino incluso también vivienda.
•	Se les ha sacado de prisión y protegidos como si de una autoridad se tratara.
•	Se los trata en general  con excesiva empatía.

- El tratamiento que reciben en prisión donde:

•	Se les incluye en clases de defensa personal o actividades contraproducentes.
•	Se pone en  comunicación compartiendo celda a violadores múltiples.
•	Se valora su no conflictividad en la cárcel sin tener en cuenta que su perfil es por definición pacífico entre hombres.

- Que la ley del menor implica una excesiva benevolencia cuando se trata de agresiones entre 16 y 18 años, que son plenamente conscientes de sus actos, por lo que debería modificarse.

EN CUANTO A LAS VICTIMAS:

- Son vistas con sospecha por los tribunales desde el inicio de las actuaciones y sometidas a un trato diferente al que tienen las víctimas de los demás delitos.

- Son tratadas con falta de empatía e incomprensión de su dolor, sometiéndolas a largas esperas en pasillos donde en ocasiones coinciden con el agresor o su familia, no velando por su intimidad sin intentar obviar repeticiones.

- Se les exige un rigor en su relato exento de emociones lo que es ajeno a la naturaleza humana y si su reacción no se adapta al estereotipo cultural o ideológico del juzgador se estima incomprensible su actuación.

-Se duda con más facilidad de la veracidad de su relato que en otros delitos, razón por la cual son sometidas a análisis de veracidad del testimonio con una frecuencia incomparablemente mayor que en cualquier otra causa, pese a la gravedad del ataque.
El XX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas reunido en La Coruña en octubre de 2007 concluyó en este sentido:

“4.- Se ha constatado una diferente valoración de la prueba cuando se trata de un delito de violencia de género respecto a los elementos que generan convicción en el enjuiciamiento de otros delitos.

La  se esta convirtiendo en  en los Tribunales de Justicia a la hora de  practicada, ya sea testifical (víctima u otros) ya sea pericial (aunque en menor medida).

Habiendo comprobado que esta situación no se produce en otros tipos delictivos, es evidente que solo puede deberse a una discriminación de estas víctimas, consciente o inconsciente, por parte del aplicador del derecho.

Instamos por tanto:

a) La inmediata aplicación de la Ley Integral (LO 1/2004) para en  como cuestión prioritaria.
b) La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que , de manera expresa, el  , cuando se invoca la , el tribunal ad quem pueda entrar a valorar la prueba, siendo obligatoria la grabación de la vista celebrada en primera instancia.”
Conclusión que esta asociación suscribe plenamente.

- Se informa insuficientemente, de forma poco clara de los derechos de las victimas. Especialmente cuando se realiza el ofrecimiento de acciones se constata un trato burocrático con léxico jurídico para ellas incomprensible que les lleva en muchas ocasiones no tener claro que pueden personarse en la causa y cómo deben hacerlo, tampoco se les indica la facultad prevista de la Ley de Protección a Testigos y Peritos de mantener oculta su identidad y señas..

- Ante la insolvencia del agresor no existe un fondo público  para reparar el daño provocado en la victima y evaluado por el tribunal  y en cambio hay un amplio abanico de recursos para el agresor con financiación pública.

-Los servicios jurídicos a través del turno de oficio  que ofrece la administración no son especializados y las ONG´s que se dedican a dar soporte jurídico y psicológico tienen un escaso respaldo institucional, por lo que perduran básicamente gracias al voluntariado.

Por todo ello, nosotras proponemos:

ANTE LOS AGRESORES:

- Que al ser firme la sentencia se publiquen:

•	Listados con nombres
•	Imagen de ellos

*la sociedad tiene derecho a saber y la publicidad de la sentencia está prevista en nuestro sistema jurídico.

-	Que la finalizar el cumplimiento de la pena:

Se les notifique a las víctimas tal y como está legalmente previsto, haciéndolo a través de su representación su han ejercido la acusación y si no lo han hecho de un modo discreto que no suponga vulnerar la intimidad de ellas.

Deberían establecerse reformas legislativas a fin de que :

•	Se publique su puesta en libertad
•	Se publique su imagen al salir en libertad.
•	Se les controle telematicamente los movimientos.
•	Estén bajo control continuo de un supervisor  a fin de garantizar su reinserción sin poder prescindir de tal control por un mínimo de 2 años y durante el tiempo que el mismo considere. 

Estas medidas suponen una prevención social.

Las victimas sobrellevan las consecuencias toda la vida, los agresores aunque cumplan la pena y por tanto la responsabilidad penal no pueden eliminar de su vida cual ha sido su conducta como si no existiera.

Todos los ciudadanos conviven con su biografía, el conocimiento y la trasparencia son beneficiosos.