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Jueves 26 de noviembre de 2015

El Ayuntamiento de Madrid prohibe por unanimidad los anuncios de prostitución en los parabrisas de los coches

El Gobierno de Madrid ha informado de que la Policía Municipal actuará más intensamente contra los anuncios de prostitución que se dejan en los parabrisas de los coches. Son octavillas que han generado ya, como ha explicado la socialista Carlota Merchán, incidentes de disciplina en varios colegios ya que los alumnos recopilan estos anuncios y los "intercambian como si fueran cromos". También comparan a las mujeres de los anuncios con sus compañeras.

Madrid está proponiendo un debate que tendrá como resultado final una ordenanza donde se regule la atención a las mujeres prostituidas, abordando la cuestión desde el respeto y la garantía de los derechos de mujeres y hombres, ha adelantado este miércoles el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, en el Pleno de Cibeles.

Además, la Policía Municipal actuará más intensamente contra los anuncios de prostitución que se dejan en los parabrisas de los coches, porque en muchas ocasiones se colocan cerca de los colegios y "los alumnos los utilizan como si fueran cromos".

Barbero ha lamentado que esas octavillas "presenten a la mujer como una mercancía". El compromiso del Ayuntamiento contra la explotación sexual se plasma en un segundo plan, que aborda la actividad alegal de la prostitución, que "se extiende por pobreza y desigualdad".

El edil sí ha matizado que la Policía no meterá todos los anuncios en el mismo saco porque una cosa son los de los prostíbulos y otra los que se fotocopian las propias mujeres.

El concejal del PP Alvaro González ha pedido una transaccional porque la publicidad "también denigra al hombre" y ha pedido a Barbero que utilice los 140 coches policiales que faltan para atacar a estas mafias.

ANTECEDENTES

Cerco a los anuncios de prostitución en la calle La Razón

«Chicas en paro. Pisito céntrico. Desde 15 euros». «Ama de casa discreta. 25 euros por hora». «Masajes eróticos sensitivos. Abierto todos los días, 24 horas». La situación se repite a diario. Miles de anuncios de prostitución repartidos en los parabrisas de los coches aparcados en la vía pública, en las farolas o en las paredes de algunos comercios. Un fenómeno que en 2014 nació de forma aislada en distritos como Ciudad Lineal y Arganzuela pero que actualmente ya afecta a la práctica totalidad de los barrios de la capital. Como ya ocurrió el pasado año, los propietarios de algunas de las salas y prostíbulos que recurren a este tipo de autopromoción han incrementado la distribución de estos anuncios coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas. Son anuncios, más o menos sofisticados, que repiten un mismo esquema: se ofertan servicios sexuales con el reclamo de una fotografía en la que aparece una mujer semidesnuda y todo ello acompañado con el teléfono del local o el domicilio en el que se ejerce la prostitución. En muchos casos, la distribución de estos anuncios en los vehículos o en el mobiliario público se realiza en las proximidades de colegios o parques infantiles. La principal preocupación de la Policía Nacional y de las asociaciones que luchan contra la trata de personas radica en el hecho de que tras la mayoría de estos anuncios se producen situaciones de explotación sexual.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatirá este miércoles en torno a la necesidad de actuar de una forma más contundente contra este tipo de publicidad. El PSOE propondrá modificar la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior para incluir de manera explícita como publicidad ilícita este tipo de anuncios. El objetivo no es otro que el de adaptar la normativa municipal a la estatal, ya que la Ley General de Publicidad considera publicidad ilícita los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, «utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto».

Imágenes vejatorias

«Las calles de Madrid no pueden ser un escaparate de imágenes vejatorias para las mujeres», subraya la concejala socialista Carlota Merchán, autora de la proposición que debatirán esta semana los grupos en Cibeles y que, según ha podido saber este periódico, contará con el apoyo de los concejales del Grupo Popular para sacar adelante su propuesta en el Palacio de Cibeles. La iniciativa también propone que se intensifique la persecución de estas prácticas así como que la Policía Municipal supervise el cumplimiento de la ordenanza modificada e incluya las infracciones de la misma en los informes estadísticos que se facilitan a los grupos políticos.

Lo que plantea la propuesta del grupo socialista es la inclusión de una manera explícita de este tipo de anuncios en la ordenanza municipal, y en concreto en su artículo 2, en el que se enumeran los medios de expresión publicitaria no autorizados. Se da la circunstancia de que esta ordenanza prohíbe situaciones que se repiten cotidianamente en las calles de la ciudad como, por ejemplo, el «reparto o entrega en vía pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario».

Al margen de para armonizar la ley municipal con la estatal, la inclusión de estos anuncios en la categoría de publicidad ilícita permitirá dotar al consistorio de una mayor capacidad para actuar contra sus promotores. La actual redacción de esta normativa establece que las infracciones de la misma tendrán una multa de entre 1.501 euros hasta los 3.000 en el caso de las muy graves, de entre 751 y 1.500 para las graves, y de hasta 750 euros si es leve. Este tipo de anuncios, según fuentes jurídicas consultadas, constituirían una infracción leve en la mayoría de los casos y, únicamente grave si se considera que se trata de una actuación publicitaria que haya causado «molestias a los ciudadanos que permanecen o transitan por las vías y espacios públicos». En ningún caso, podría tener consideración de infracción muy grave.

Para la fijación de la cuantía final de la multa, tal y como recoge la normativa, se deben tener en cuenta factores como la reiteración y grado de culpabilidad; la reincidencia en la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el término de un año y el posible beneficio económico del infractor.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad aprobó un plan contra la trata de personas entre cuyos objetivos figura la necesidad de trabajar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de una regulación estatal que prohíba la difusión de publicidad en papel que ofrezca anuncios sexuales. El plan aprobado tras el verano por el Consejo de Ministros también apostaba por dar un nuevo impulso a códigos de autorregulación de la Prensa para que los periódicos dejaran de publicar anuncios de contactos en sus páginas con los que ingresan dinero. Sólo LA RAZÓN y el desaparecido «Público» se comprometieron con esta autorregulación desde hace años y retiraron estos anuncios.



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