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Martes 28 de mayo de 2013

Organizaciones de Mujeres españolas por la salud y la vida de Beatriz

Hasta 49 organizaciones de mujeres, partidos políticos y asociaciones de carácter social comprometidas con los Derechos Humanos han remitido un escrito al embajador de El Salvador en España solicitando al Gobierno del país sudamericano que no deje morir a Beatriz, la joven de 22 años cuya vida corre peligro por la negativa a practicarle un aborto terapéutico que podría salvársela. Reproducimos, por su interés, el texto de la misiva.

"Las organizaciones y entidades abajo firmantes, compartimos nuestra preocupación sobre el caso de Beatriz, mujer salvadoreña de 22 años quien ha solicitado un aborto terapéutico considerando el riesgo para su salud y su vida. Ante las 24 semanas de gestación y haciendo un seguimiento de las diversas intervenciones de las autoridades nacionales en dicho caso, hemos observado que las medidas de protección hasta ahora promovidas no han sido suficientes para salvar la vida de Beatriz y del consiguiente cuidado de su familia.

Recordamos el drama que se produjo en Irlanda el pasado mes de octubre con Savita, mujer india de 31 años y embarazada de 17 semanas: Pese a saber que sufría de un aborto espontáneo y que su vida corría peligro, los médicos se negaron a practicarle un aborto permitiendo que falleciera por ser Irlanda un país católico y cuya constitución equipara al mismo nivel el derecho del feto y el derecho de la madre. Este caso causó conmoción en el mundo entero y no queremos que ese espantoso drama se vuelva a repetir.

El Estado Salvadoreño debe remover los obstáculos para promover que las instituciones de Salud y de Justicia garanticen la vida de Beatriz y no la dejen morir. Exhortamos a que la honorable Corte Suprema de Justicia de dicho país pueda responder con urgencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de los comités de monitoreo de los tratados internacionales de derechos humanos.

Dichos comités de monitoreo de derechos humanos, expiden recomendaciones para los países parte, han afirmado que el derecho a la vida no puede entenderse de manera restrictiva y que la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. Respecto a las tasas de mortalidad y morbilidad materna recomiendan que se revisen las normas que penalizan el aborto y han establecido que los Estados deben tomar las medidas necesarias que las mujeres pierdan su vida como resultado de leyes restrictivas en esta materia.

Denunciamos que el recorte en las libertades de las mujeres sea debido a la presión de la jerarquía católica romana y a los grupos ultraconservadores, integristas y fundamentalistas.

Denunciamos que la pérdida de derechos de Beatriz la expongan a la pérdida de su propia vida.

En Sociedades democráticas, donde los Estados deben garantizar los derechos de todas las personas, negar la vida de una joven, desde argumentos basados en morales particulares y en interpretaciones religiosas fundamentalistas e integristas, nos confirma el peligro que representa para la salud y para todos los derechos humanos de las mujeres, la ilegal e ilegitima injerencia de morales particulares en las políticas públicas y en las leyes, que son exclusivamente responsabilidad y obligatoriedad de los Estados.

Recordemos a las autoridades que la alianza Estado/Iglesia, viola el principio de laicidad de los Estados, vulnerando profundamente los derechos humanos, afianzando prácticas discriminatorias e injustas, materializándose en la violación de la dignidad humana y de la conciencia individual y en el caso de Beatriz es la negación de la vida.

Por ello, como entidades y organizaciones comprometidas y defensoras de los derechos humanos de las Mujeres:

Exigimos justicia frente al caso de Beatriz ante todas las instancias competentes responsables de garantizar los derechos humanos en el Salvador.

Exigimos que el Estado garantice con leyes y políticas públicas que ninguna mujer tenga que morir en el Salvador por violencia e indiferencia del Estado.

Denunciamos la penalización del aborto terapéutico en el Salvador, ya que con esta prohibición obligan a las mujeres, a asumir una maternidad de manera forzada e impuesta, como así lo demuestra el caso de Beatriz poniendo en riesgo su salud y su propia vida, y a la par, la de su familia.

Recordamos a los gobiernos y a la sociedad, que en los países donde en su mayoría se definen constitucionalmente laicos, significa que tienen el deber y la obligación de garantizar el pluralismo, la libertad de conciencia, el derecho integral a la salud reproductiva y sexual y el derecho a decidir. En este sentido, los argumentos religiosos no pueden convertirse en políticas públicas, ni mucho menos, obstaculizar para legislar y garantizar los derechos humanos de todas las mujeres".



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