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Viernes 5 de octubre de 2007

El Tribunal de Cuentas niega que la Federación de Mujeres Separadas malverse fondos públicos

No hay malversación de fondos públicos entre los bolsos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Lo dice a lo largo de cinco folios el Tribunal de Cuentas después de investigar la denuncia que interpusieron contra esta agrupación de colectivos feministas tres hombres separados y divorciados. El órgano vigilante de los dineros públicos no sólo exonera de culpa a esta Federación, sino que impone el pago de las costas del proceso al trío acusador.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas -que nació en 1973 y ahora agrupa a colectivos repartidos por 11 ciudades españolas- la dirige Ana María Pérez del Campo, una histórica feminista de la línea dura con muchas mujeres -y hombres- a su lado y unos cuantos enemigos de todo sexo al otro. «Los maltratadores me acusan hasta de secuestrar niños. Ellos son así. La última mentira es que malversamos fondos públicos. Pues aquí está la verdad».

La verdad que transmite el Tribunal de Cuentas es un documento fechado el pasado 14 de septiembre que archiva la denuncia -contra la que cabe recurso-, «por resultar de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable».

El 21 de junio de 2006, tres ciudadanos particulares, Vicente Serrano, Antonio Rodríguez y Stefan Mlejnita, dirigieron al Tribunal un escrito en el que aseguraban que la «liquidación provisional [de la Federación] no se extendió a los fondos procedentes del Ministerio de Trabajo», por lo que pedían «el despliegue de una actividad indagatoria» y la incoación de un proceso judicial.

Casi un año después, el 23 de mayo de 2007, el Tribunal de Cuentas abrió una diligencia para escarbar en las «presuntas irregularidades derivadas de la falta de justificación de determinadas subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid» a la Federación de Pérez del Campo. Pero, ya entonces, el propio Ministerio Fiscal confirmó la «inexistencia de las irregularidades denunciadas», como consta en un escrito fechado el 8 de junio de este mismo año.

Los tres denunciantes sostenían que no se había producido ninguna investigación sobre los fondos procedentes del Ministerio de Trabajo.

La acusación afectaba a las subvenciones aportadas en los últimos años por varias Administraciones y recibidas por la Federación, que gestiona desde 1991 -en una localidad de Madrid que nunca se revela por motivos de seguridad- el centro de recuperación integral de maltratadas más antiguo de España.

Ahora, el Tribunal de Cuentas subraya que sí se incorporaron al procedimiento documentos e informes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de la capital de España y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Y asegura que, del análisis detallado de toda esa documentación, «se desprende que las subvenciones concedidas aparecen debidamente fiscalizadas y justificadas por los respectivos organismos concedentes».

Así que, la resolución del gran ojo de las cuentas públicas establece taxativamente que «no se dan las circunstancias exigidas para entender que se han producido hechos constitutivos de alcance o de malversación de fondos públicos».

Y, por último, el Tribunal afirma que «tampoco se ha observado conducta dolosa, culposa o gravemente negligente de las personas encargadas del manejo y custodia de los fondos públicos que pudieran verse afectados».

El Mundo



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