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Jueves 12 de enero de 2006

Familiares rechazan negociar la libertad de Martín Barrios

Mario Marín pide buscar lazos del activista con el EPR

LAURA POY Y LA JORNADA DE ORIENTE

Activistas pro derechos humanos y familiares de Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, informaron que desde el pasado 6 de enero se interpuso un recurso de amparo al auto de formal prisión que pesa en su contra, por lo que rechazaron cualquier acuerdo que no defina una "cabal aplicación de la justicia que permita su libertad incondicional".

En respuesta, el gobierno estatal, encabezado por Mario Marín Torres, anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación una investigación sobre Barrios Hernández y la periodista Lydia Cacho Ribeiro -quien enfrenta un juicio por difamación, promovido por el empresario textilero Kamel Nacif-, para determinar si tienen nexos con el Ejército Popular Revolucionario, luego de que el pasado 9 de enero éste emitió, junto con el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario, un comunicado en el que manifestó su solidaridad con los activistas.

Eduardo Almeida, vocero de la Red Cualinemilistli y del Comité Amplio de Apoyo a Martín Barrios, consideró "ridícula" la actuación de las autoridades estatales "que parecen empeñadas en hallar algo oscuro a los defensores de los derechos humanos".

Afirmó que el gobierno estatal puede "investigar lo que quiera, pero si su móvil es la expresión de apoyo del EPR, entonces también debería invetigar a Amnistía Internacional (AI), GAP y todas las organizaciones que se han solidarizado con las causas de Barrios y Cacho".

Barrios Hernández, preso desde el 29 de diciembre pasado en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, en la capital poblana, denunció que la entidad no puede volver a "épocas oscuras" y aseguró que para quienes laboran por los derechos humanos "nos toca enfrentar madrizas o cárcel, mientras la impartición de justicia privilegia a empresarios que sobrexplotan la mano de obra e incumplen con los compromisos que marca la ley".

En conferencia de prensa -a la que acudieron el padre y la hermana del activista, Martín Barrios Torres e Inti Barrios, y ex trabajadores de la empresa Calidad en Confección, propiedad de Lucio Gil Zárate- Carlos Mario Gómez, representante en México de AI, anunció que esta organización analiza el caso de Barrios Hernández para determinar si será declarado preso de conciencia, a lo que se suma un llamado mundial de acción urgente, difundido este martes, para solicitar su libertad inmediata e incondicional.

Agregó que organizaciones civiles tienen "serios temores" sobre la integridad física del activista, por lo que consideraron que las acciones de "acoso y agresión" contra Martín Barrios demuestran "los graves problemas de acceso a la justicia que prevalecen en la entidad".

En telefonema a medios de información, Barrios Hernández exigió a las autoridades estatales su liberación "incondicional" y afirmó que "la justicia no se puede negociar". Reiteró que su detención es "ilegal y arbitraria, no sólo porque he demostrado mi inocencia, sino porque la consigna para mantenerme preso es un favor que se les debe a los empresarios de la maquila, que en el caso de Gil Zárate se trata de un explotador laboral, con jornadas de 12 horas diarias, contratación de menores de edad e incumplimiento con las prestaciones que por ley debe otorgar a sus trabajadores".

Edgar Cortez, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México, tanto las autoridades estatales como federales "tienen la obligación de garantizar las condiciones para que los defensores desarrollen su tarea de promoción de los derechos humanos, (y brindar) las condiciones para denunciar cualquier violación a estas garantías fundamentales", pues ninguna inversión en maquiladoras "puede estar por encima de la ley y los derechos humanos



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