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El PP tilda de "inmoral" la reforma del derecho al aborto y va a recurrirla ante el Constitucional. Capitanea esta batalla una Conferencia Episcopal que siempre se ha llevado mal con la ciencia y con las mujeres

Un recurso hipócrita a la ley de plazos

Tertulia Feminista

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Firman este artículo Carlota Bustelo, Amparo Rubiales, Carmen Alborch, Duca Aranguren, Elena Arnedo, Teresa Blat, Elvira Cortajarena, Rosa Escapa, Pilar Escario, Maite Gallego, Patrocinio de las Heras, Beatriz de la Iglesia, Alicia Miyares, Maribel Montaño, Pilar Pérez Fuentes, Carmen Rodríguez Díaz y Paquita Sauquillo, en nombre de la Tertulia Feminista.


Las firmantes de este artículo nacimos en el franquismo, y, por eso, el único método anticonceptivo legal, en nuestra juventud, era el del doctor Ogino. Muchas de nosotras podemos ser hijas de este método, que a su incomodidad unía un índice pavoroso de fallos. Entonces, el uso de anticonceptivos, además de ser pecado, estaba considerado un delito en el Código Penal. Igual que el aborto.

¿Quería esto decir que no había abortos en España? Desde luego que no. Los había en los años 60 y 70 como los ha habido siempre. En los años 70 había tres formas de abortar: una, clandestina y peligrosa para las mujeres que no tenían dinero ni contactos; otra, viajando a Londres en lo que entonces se llamaban chárter, organizados con hoteles y clínicas. Finalmente, había también médicos que practicaban interrupciones del embarazo en España por una cantidad de dinero considerablemente mayor que lo que costaba viajar al extranjero.

La despenalización del aborto, en 1985, a través del supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre, permitió que las mujeres españolas, previa declaración de trastorno mental certificada por un psiquiatra, se jugaran menos la vida en los circuitos del aborto clandestino o no tuvieran que cambiar de país para interrumpir un embarazo no querido. Tras la despenalización, el sistema sanitario público permaneció prácticamente al margen y las interrupciones del embarazo se han hecho en clínicas privadas durante más de 20 años.

Se da la paradoja de que, así como la indicación de peligro para la salud psíquica de la embarazada no tiene plazo, la indicación de malformación fetal cubre sólo hasta la semana 22ª. Actualmente, el diagnóstico de una malformación fetal se hace en las unidades de diagnóstico prenatal de los hospitales públicos, pero la mujer, que normalmente suele desear este embarazo, una vez realizado un diagnóstico de un feto con una enfermedad grave o incurable, tiene que ir, por ejemplo, a abortar a Francia, donde la interrupción del embarazo suele costar 6.000 o 7.000 euros.

Se ha constatado, después de todos estos años de vigencia de la actual despenalización, evidentes disfunciones. Casos como las negligencias de alguna clínica, unidos a registros en clínicas autorizadas e interrogatorios a mujeres por parte de justicieros defensores de lo que "Dios manda", han puesto de relieve graves deficiencias de la norma, sobre todo para la seguridad jurídica de las mujeres y los facultativos.

Por estas razones, urge modificar la situación y hacer que en este tema nos acerquemos a los países europeos. En los informes de los expertos y de la subcomisión parlamentaria se proponía la combinación de indicaciones con un plazo razonable en el que las mujeres pudieran tomar la decisión sin necesidad de tener que declararse enfermas mentales. Además, es necesario que se contemplen los aspectos sanitarios del problema y su integración en la sanidad pública.

En estos años se ha demostrado la incoherencia de la derecha española, que recurrió la regulación de 1985 ante el Tribunal Constitucional, paralizando su entrada en vigor durante dos años, y que cuando gobernó entre 1996 y 2004 miró para otro lado y no la derogó. En el momento actual, el Partido Popular, a la vista del proyecto de ley del Gobierno, ha anunciado que volverá a recurrir ante el Constitucional por ser la propuesta "inmoral e inaceptable". Durante más de 20 años el PP ha seguido ignorando que el Constitucional no es un tribunal de moralidad. Si están en contra del derecho a abortar lo deberían estar siempre y en todos los casos, pero en su hipocresía habitual se rasgan las vestiduras y dejan que otros hagan lo que a ellos no les interesa.

Esta batalla siempre ha estado capitaneada por la Conferencia Episcopal, que es un club de hombres, vestidos de forma curiosa, que jamás comprenderán lo que significan la maternidad o la paternidad. Por una muy evidente razón: además de hombres, son célibes, aunque pasan gran parte de su tiempo hablando de sexo. El revuelo que montaron las declaraciones del Papa en África sobre los preservativos evidencia que la gente comprendería mejor que hablaran más del hambre y el sida que de sexualidad o de métodos anticonceptivos. Pero no, ellos insisten. Hace muy poco, el día de San Isidro en Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, dijo: "Que no se le niegue a ningún concebido de mujer el derecho a nacer". El concebido es tratado como si fuera un ciudadano y la mujer como una incubadora.

La jerarquía de la Iglesia católica siempre se ha llevado mal con la ciencia y con las mujeres. Como se ha recordado en las páginas de este diario, el médico y sabio Vesalio tuvo que practicar autopsias en la clandestinidad para que la humanidad supiera dónde tenía el hígado. Desde Vesalio hasta la investigación con células madre, la jerarquía eclesiástica se ha opuesto a avances que pudieran disminuir los sufrimientos de nuestra especie.

En el caso de las mujeres, cualquier paso en la dirección de controlar nuestra fecundidad siempre ha sido prohibido y absolutamente rechazado.

La estrategia, tanto de una parte de la Iglesia como de los grupos autodenominados pro-vida, es muy simple: manifestaciones en la calle, imágenes de fetos sanguinolentos, arengas desde el púlpito y lazos blancos en los pasos de Semana Santa. El secreto está en empezar por el principio: el debate sobre la vida, que permite hablar de la vida en abstracto y pasar absolutamente de la vida real.

Pero ese debate ya se superó en los 80. De lo que estamos hablando ahora es de si las 100.000 mujeres que abortaron en España el año pasado deberían ir a la cárcel por haber cometido un pecado que la Iglesia quiere que sea un delito para las mujeres y los profesionales sanitarios. Las emigrantes sin información; las adolescentes, que por supuesto sí pueden casarse y tener hijos o donar órganos; las que no pueden mantener a otro hijo; las que no tienen trabajo, o las que sí lo tienen y por eso no pueden permitirse un embarazo; las parejas que no pueden con la hipoteca; las mujeres que no consiguieron que su novio usara el preservativo o a las que les falló el dispositivo intrauterino (DIU)... Y también las que se enfrentan al hecho de que su embarazo deseado ha llevado a un feto con una enfermedad grave o incurable.

¡Claro que hay que hacer más prevención! Pero recordemos que la anticoncepción, o protocolos como el de la píldora del día siguiente, tampoco cuentan con la aprobación de los aguerridos justicieros y defensores de la vida.

En la sociedad, bastante insolidaria y hostil, en la que vivimos, una de las relaciones más satisfactorias que se pueden establecer es la de una madre con sus hijos. La decisión de abortar es difícil y dolorosa para las mujeres y, si se toma, es por razones de peso, que hacen que esa relación no sea posible. Seamos coherentes con los derechos que las leyes y la sociedad ya nos reconoce y demos un paso más, que requiere poco esfuerzo por parte de los legisladores, y que es muy importante para muchas mujeres menores de 50 años, a las que todavía se les ponen obstáculos, basados en actitudes hipócritas, a su derecho a decidir en libertad sobre su maternidad.

Esperemos ahora, fervientemente, que los grupos políticos que tienen que analizar la ley y aprobarla, no se dejen llevar por el tremendismo y miren, en cambio, el entorno internacional y europeo. Francia, por ejemplo, tiene una ley de plazos combinada con indicaciones gracias a Simone Veil, ministra con Jacques Chirac y colaboradora de Valéry Giscard d’Estaing. La nueva ley debe corregir los problemas de la legislación actual, partiendo del derecho de las mujeres a la libertad y a la autonomía y teniendo en cuenta que vivimos en el siglo XXI y no en la Edad Media.


Fuente: El País 20/05/09


2009-06


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