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Iglesia, Estado y Concordato

Por Pilar Rego

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El concepto inicial de separación entre Iglesia y Estado surge con la corriente humanista y propugna la autonomía de ambos con diferentes esferas de influencia.

Los intentos de separación Iglesia-Estado cuentan con constantes y duros ataques por parte de los fundamentalismos religiosos, en nuestro país representados por una jerarquía eclesiástica que no está dispuesta a renunciar a sus privilegios.

En España el paso de un Estado Confesional a un Estado Aconfesional se produjo en unos días difíciles y de aquellos polvos vienen estos lodos.

En una democracia los valores surgen de su misma esencia y del debate político y las creencias pertenecen al ámbito personal de los ciudadanos.

Durante la dictadura imperó el nacional-catolicismo, combinación gracias a la cual el Estado tenía religión propia, la católica. Todos los españoles nacidos durante el mandato de “aquel señor bajito al que no le temblaba el pulso a la hora de firmar sentencias de muerte” fueron bautizados, sin remisión, en la fe imperante.

La falta de libertades llevaba implícita la aceptación del catolicismo como la única fe verdadera a la par que mostraba las miserias de aquella troupe de sacerdotes que paseaba bajo palio a un dictador y que ensalzaba en sus púlpitos los valores de aquel nefasto régimen.

Varias décadas después de la desaparición del nacional- catolicismo, los privilegios de la iglesia católica persisten y con ellos sus intentos de injerencia en el gobierno de la sociedad civil.

Un estado aconfesional, y el nuestro lo es constitucionalmente, no puede presentar ningún tipo de adscripción a una creencia en detrimento de las restantes. Un Estado aconfesional no puede alinearse con una única confesión religiosa, no puede asumir como propia ninguna creencia ya que tiene que garantizar la neutralidad ante los distintos credos.

El PSOE expresó en su 37 Congreso Federal su apuesta por el avance en la consecución de la laicidad del Estado, el texto en él que se recoge esta apuesta dice que “la laicidad del Estado es consustancial a la igualdad, la libertad y los derechos humanos….” y que “…es contraria a toda restricción religiosa de la libertad de los ciudadanos…”

En mayo del pasado año, María Teresa Fernández De la Vega ya había reafirmado “la voluntad firme del Gobierno de avanzar en la laicidad del Estado” y de “proteger las creencias de quienes no creen”.

Esta firme intención de promulgar la laicidad del Estado no tiene plazos y eso es lo que siembra la duda sobre las intenciones reales de cambio.

A fecha de hoy todavía no sabemos con exactitud en que consistirá la revisión del texto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), de 1980 y como se va a frenar el control de la Iglesia Católica que es quien ostenta el monopolio del poder religioso en España, monopolio que extiende sus tentáculos a todos los ámbitos de la sociedad civil.

Si la intención como dijo en su día la vicepresidenta es gobernar “sin dogmas y sin imposiciones de nadie ni a nadie”. No gobernamos con ningún ideario religioso, sino con la ley y en el marco de la Constitución” ¿hasta cuando la vigencia del Concordato de 1979?

Si lo que pretende el ejecutivo es amainar la furia de las fieras de la CEE con un proceso lento, no lo va a conseguir, porque solamente con escuchar un lejano eco del término laicismo los monseñores se disponen arduos a la batalla para mantener sus prebendas y su poder, es más, incluso me atrevería a aventurar que la intención gubernamental de “trabajar con sosiego” en este tema les infunde ánimo y valor para afianzarse en su fortín de supremacía sobre la sociedad civil.

El tan traído y llevado Concordato de 1979 es un acuerdo entre el Vaticano y el Estado Español, que sólo debió estar vigente en aquellos difíciles años de la transición pero que a fecha de hoy es de todo punto inadmisible ya que este acuerdo establece en uno de sus puntos clave el compromiso de colaboración del Estado con la Iglesia Católica para garantizar su “sostenimiento económico”.

¿No va siendo hora ya de asumir que Iglesia y Estado tienen que gozar de total independencia, que la aportación presupuestaria no puede continuar y que la religión pertenece al ámbito privado de cada ciudadano?

Todo ello desde la libertad de credos pero sin escuelas que adoctrinen, con escuelas que impartan EpC pero que no impongan valores morales propios de ninguna creencia religiosa porque las creencias no deben incluirse en los contenidos curriculares.

La defensa de la separación Iglesia- Estado no implica la utilización del adjetivo anti en ningún momento, ni anticlericalismo, ni anticatolicismo…

La defensa del laicismo puede hacerse desde la iglesia de base, desde esas bases cristianas tan alejadas de una jerarquía eclesiástica que no quiere ver más allá de sus muros. Dice un refrán que “no hay mayor ciego que él que no quiere ver” y esto es lo que le ocurre a los integrantes de la Conferencia Episcopal, no quieren ver ni escuchar las voces que de los que disienten, de los que son capaces de pensar por sí mismos y no aceptan la “fe del carbonero” como verdad y norma, las voces de los 150 colectivos católicos que defienden «un Estado laico que supere el confesionalismo encubierto» desde la plataforma Redes Cristianas.

Estos cristianos de base no son sospechosos de ser ateos, ni anticlericales, son sólo católicos que consideran que “el desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado un hecho positivo” y que tienen claro que en el concordato de 1979 “nacido en situación de privilegio confesional católico, está en el origen de muchos de los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana” por lo que exigen que “las entidades religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado”

Como colofón a todo lo expuesto anteriormente sólo me resta expresar mi profundo convencimiento de que la ética de la sociedad, la ética pública, no puede someterse por más tiempo a la moral católica, ni a ninguna otra moral de índole religioso y este convencimiento es más profundo cuando los pasos del gobierno parecen encaminados hacia un Estado neutral, pluri confesional y no hacia un Estado Laico.

P.-S.

Pilar Rego es Educadora Social y bloggera


Fuente: El Plural


2009-04


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