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La erradicación de la violencia contra las mujeres: tan cerca, tan lejos

Por Victoria A. Ferrer

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Llega un nuevo 25 de noviembre, un nuevo día internacional contra la violencia hacia las mujeres, y con él las cifras, los artículos de prensa, los documentales, los reportajes, ... y el tiempo para las reflexiones: ¿dónde estamos?, ¿dónde vamos? y, sobre todo, ¿cuánto falta para llegar? Cómo en casi todas las cosas de la vida, la respuesta no es la misma en todos los casos.

Si por un hipotético momento pudiéramos ponernos en el lugar de quienes padecen el problema (no es fácil, pero intentémoslo, hagamos un esfuerzo) la respuesta sería que aún estamos demasiado lejos. Lejos de poder dar respuesta eficaz a todas las demandas y necesidades de las mujeres que han padecido y padecen esta violencia, lejos de tener todas las respuestas sobre sus causas y su mantenimiento, lejos de ofrecer las soluciones rápidas y eficaces que son tan necesarias.

Desde el punto de vista de los y las profesionales que se enfrentan al problema tampoco hemos llegado a la meta. Una de sus demandas más repetidas es tener más medios, medios materiales para hacer frente a las necesidades cotidianas de atención y apoyo (más juzgados, más efectivos, más unidades especializadas, más presupuesto, ...) pero también más recursos formativos: más y mejor formación, formación especializada y de calidad que les permita saber y conocer, hacer frente con efectividad a las demandas de las usuarias, conocer todos los resortes, las novedades, los cambios, ... En definitiva, formación actualizada y permanente que mejore sus capacidades y habilidades para hacer frente a este importante problema sin sentirse solas/os ni aisladas/os.

En materia legislativa, no estamos en el mejor de los mundos posibles pero sí en el mejor de los marcos legislativos que hemos conocido hasta la fecha en este país. Desde 2005 contamos con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004 de 28 de diciembre) que “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (artículo 1). Por su parte, y completando lo ya recogido en el vigente Código Penal, la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (en vigor desde marzo de 2007) recoge, entre otras muchas cuestiones, el acoso sexual y desarrolla medidas para hacerle frente.

Podemos, que duda cabe, exigir que se pongan cuanto antes los mecanismos para el completo desarrollo e implementación de todas las medidas que se contemplan en estas leyes. Podemos desear que estas medidas sean lo más eficaces posible y estén vigentes con la mayor celeridad. En algunos casos se está logrando, en otros tendremos que esperar aún algún tiempo para ver los resultados, pero el camino es (así lo esperamos) ya imparable.

También en materia de conocimientos hay mucho camino recorrido. A día de hoy disponemos de ingentes cantidades de documentos, informes, reflexiones teóricas y estudios empíricos elaborados por las diferentes instituciones nacionales (Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, institutos y organismos de igualdad de las diferentes CC.AA, ...) e internacionales (ONU, OMS, PNUD, UNIFEM, UNICEF, ...), por ONG’s (Amnistía Internacional, Fundación Mujeres, Red Estatal de Organizaciones Feministas, ....) y, por supuesto, por múltiples equipos de investigadoras e investigadores de diversos países y universidades. El corpus de conocimientos sobre el tema es ya muy amplio, y en gran medida coincidente, tanto que no es posible obviarlo y, sobre todo, no es posible abordar de modo serio un problema de esta magnitud sin hacer caso de lo que ya se sabe, sin escuchar y valorar la voz de las personas expertas.

Todas las opiniones son interesantes y todas tienen un valor. Y cuando, como en esta cuestión, un tema nos conmueve, nos conmociona, nos aturde, todas y todos queremos dar nuestra opinión, queremos saber, queremos decir.

Pero una cosa son las tertulias y los comentarios, y otra muy distinta los abordajes serios y rigurosos del problema, los foros de creación de opinión, la investigación, o, por supuesto, la formación que reciben nuestros y nuestras profesionales presentes y futuros.

Cuando se trata de formar a las personas que un día serán los y las profesionales que tratarán a las mujeres que han padecido violencia y a sus hijos e hijas, que llevarán sus casos antes los juzgados, que las curarán de sus heridas físicas y psíquicas, que las acompañarán en sus denuncias y sus procesos de recuperación, que enseñarán a sus hijos e hijas no todo vale. Cuando hablamos de la formación y especialización de los y las profesionales que intervienen en la atención, prevención, persecución y sanción de la violencia de género a la que se refiere el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (aprobado para el período 2007-2008 en diciembre del pasado año para dar cumplimiento al artículo 3 de la ley integral) no podemos seguir hablando de opiniones, no podemos seguir dejando esta formación en manos de personas que a su vez no estén lo suficientemente formadas y preparadas. No podemos permitirnos cometer este error y despreciar todo el camino ya transitado. Es un despilfarro demasiado grande.

Aún estamos a tiempo: en los próximos meses las universidades emprenderán el camino definitivo hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que llevará a reformar todos los planes de estudios para la obtención de los títulos de Grado que capacitan para el ejercicio profesional. Ha llegado pues el momento de la verdad, el momento de incorporar a estos nuevos planes de estudio los conocimientos (que no las opiniones) que permitan a nuestros/as futuros/as profesionales afrontar con la adecuada capacitación el grave problema social que es la violencia contra las mujeres. Y esto sólo será posible si incorporamos a estos nuevos planes de estudio materias con estos contenidos y garantizamos que las impartan las personas que están mejor preparadas para ello, las personas que tienen la mejor formación y los conocimientos necesarios. En cualquier otro tema no pondríamos nunca en cuestión que esto ha de ser así ¿por qué habríamos de hacerlo en este caso?

No es éste el primer llamamiento sobre esta cuestión (desde la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM, y desde otros colectivos de profesorado sensibilizado en el tema se vienen elaborando documentos y realizando reivindicaciones al respecto desde 2004; la Unidad Mujer y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia viene haciendo reclamaciones en este sentido desde su creación en 2005) pero se está acercando el momento de la verdad y no habrá ya muchas más ocasiones de que las universidades se impliquen y muestren su nivel de compromiso con la sociedad en la contribución a la prevención y (ojalá) pronta erradicación de este problema social.

El momento es propicio, los medios y la experiencia están ahí, el profesorado especializado también. Ha llegado pues el momento de actuar.

P.-S.

Profesora de Psicología Social



2007-11


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