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El caso Lydia Cacho, batalla de la sociedad civil por la libertad

Por Laura Poy Solano

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Considerado por defensores de derechos humanos como un caso emblemático, el proceso en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro propició una de las movilizaciones ’’más importantes y representativas de la sociedad civil en favor del pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la aplicación integral de la justicia en México’’, afirmaron organizaciones no gubernamentales.

Indicaron que con la detención de la comunicadora, el pasado 16 de diciembre, acusada de difamación y calumnias por el empresario textil Kamel Nacif Borge, comenzó uno de los procesos más ’’aberrantes y peligrosos’’ para la vida democrática del país, al pretender ’’criminalizar’’ la tarea que realizan comunicadores y defensores de los derechos humanos.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseguró que las agresiones y hostigamientos contra quienes luchan por la defensa de estas garantías fundamentales permiten acumular evidencias que confirman que las viejas estructuras de poder, construidas durante décadas de gobiernos priístas, ’’siguen plenamente vigentes y atadas a la voluntad política del gobierno en turno’’.

Derecho a la información, en grave riesgo: Miguel Concha

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que de otorgarse una sentencia condenatoria en el caso de Cacho Ribeiro, sería un ’’duro golpe’’ no sólo a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana, sino también para los compromisos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, con los que el Estado mexicano ’’se obliga en sus tres órdenes de gobierno a garantizar estos derechos, ya que no es una responsabilidad exclusiva de las autoridades federales, también de las locales’’.

En el caso de Lydia Cacho, indicó, sus denuncias sobre las redes de complicidad que protegen a quienes incurren en graves violaciones a los derechos humanos de menores ’’no causaron ningún perjuicio moral ni existió intención alguna de causarlo, pues las declaraciones consignadas en su libro están sustentadas en una investigación responsable que recoge las imputaciones presentadas por las propias víctimas’’.

Puesto que ella ejerció su derecho a la libertad de expresión y de información a la sociedad, utilizando datos y hechos que son del conocimiento público, ampliamente verificados, las imputaciones contra la periodista violentan las recomendaciones formuladas por organismos de Naciones Unidas de que la difamación sólo se aplique cuando ’’es posible comprobar que se actuó con la voluntad deliberada de lesionar la fama moral de una persona, y siempre que dichas imputaciones sean falsas y se omitiera verificar la información’’.

En entrevista por separado, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que resulta paradójico que sea un gobierno, el de Puebla, el que utilice de forma ’’facciosa’’ la ley para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

El activista aseguró que ’’vender la justicia al mejor postor’’, cuando existen denuncias responsables y directas sobre delitos graves como pornografía infantil y pederastia, sólo consagra la impunidad y pone en riesgo un derecho fundamental para la vida democrática de una nación.

Por su parte, Carlos Mario Gómez, representante de Amnistía Internacional-México, aseguró que sancionar las declaraciones de la periodista, bajo cargos de difamación y calumnia, fomenta una voluntad política ’’muy cuestionable, con la que no sólo se incumplen acuerdos internacionales, sino se vulneran gravemente las condiciones para promover y defender los derechos humanos en el país’’.

Aplicar la justicia de forma discrecional para hostigar y amenazar a quienes se han atrevido a denunciar graves violaciones a garantías fundamentales afecta no sólo a defensores y comunicadores, ’’sino a la sociedad en su conjunto, que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad en el ejercicio de derechos sustanciales para el ejercicio de la democracia y la libertad’’.

Difamación, espada de Damocles

Diego Cadenas, subdirector de Defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, afirmó que, en el caso de Chiapas, las reformas al Código Penal estatal ’’no sólo endurecieron las sanciones al delito de difamación, al incrementar la multa de 100 a mil salarios mínimos, sino también facilitó que cualquier ciudadano que sienta dañada su fama moral por acusaciones de violencia intrafamiliar, sexual o cualquier otra imputación podrá encarcelar a la parte denunciante, sin importar si es verdad o mentira el dicho de la víctima’’.

Convertir este delito -que debe ser sancionado por la vía civil y no penal, como establecen las recomendaciones de Naciones Unidas- en una espada de Damocles, como ocurre con el caso de Cacho Ribeiro, ’’nos condena a renunciar a una verdadera libertad de expresión’’.

Al respecto, Eréndira Cruzvillegas, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, alertó sobre los riesgos que conlleva ’’tolerar que se ataque al periodismo de investigación bajo falsas acusaciones de difamación y calumnias, que vulneran el derecho de toda la sociedad mexicana a acceder a la información’’.

Consideró que ’’no podemos hablar de transición democrática si el primer derecho que se ataca es la libertad de expresión, mientras se garantiza que presuntos responsables de graves delitos contra niñas y mujeres permanezcan impunes, sin que las autoridades responsables cumplan con su obligación constitucional de investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados’’.

Finalmente, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró ’’alarmante’’ que autoridades estatales busquen limitar derechos fundamentales, sin que el gobierno federal ’’intervenga para asegurar que la justicia no actúe de forma parcial y al servicio de intereses políticos y económicos’’.

El Estado mexicano, aseguró, no puede ’’diluir’’ su responsabilidad de garantizar que defensores, activistas y comunicadores cuenten con las condiciones necesarias para realizar su tarea y dar seguimiento a los hechos que se denuncian como parte no sólo de sus compromisos internacionales, sino de una verdadera construcción de un país democrático.

Fuente: La Jornada



2006-01


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