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Una crueldad extendida

Por Irene Khan. Secretaria General de Amnistía Internacional

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El domingo día 6 de junio me encontré en Madrid con representantes de organizaciones de mujeres que trabajan sobre la cuestión de la violencia doméstica. Entre ellas estaba Esperanza, una activista comprometida, que habló apasionadamente sobre su proyecto de dar refugio a mujeres que han sido amenazadas con violencia. Al despedirse, me dijo que su nombre verdadero no era Esperanza, que ése era un alias que utiliza para protegerse porque teme que su marido la localice y la mate, como ya ha amenazado.

El día 10 de junio tuve la oportunidad de reunirme con el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien me dijo que está decidido a hacer del combate contra la violencia que afecta a la mujer el tema que defina su mandato. Estas dos anécdotas demuestran los retos y las oportunidades que existen en la España de hoy para combatir la violencia contra las mujeres, poniendo al frente de la agenda política a las "Esperanzas" de España.

El problema de la violencia contra las mujeres no afecta únicamente a España. Es una una atrocidad mundial: está ampliamente presente, tanto en la habitación conyugal como en las calles como en los campos de batalla. En Oriente Próximo, hay mujeres que son asesinadas por sus familiares en nombre del "honor". En la India, hay novias que son quemadas vivas porque su familia no ha proporcionado una buena dote. Dos millones de niñas, la mayoría en África, son víctimas de la mutilación genital femenina este año. Y miles de mujeres y niñas más son violadas, sufren abusos sexuales, o son reclutadas como niñassoldado en el mundo entero, a consecuencia de las estrategias militares para aterrorizar y subyugar a la población civil. Incluso en los países más ricos y en las sociedades más desarrolladas del mundo, como por ejemplo España, la mujeres son golpeadas hasta la muerte en sus propias casas.

La violencia contra la mujer es una crueldad escondida. A pesar de una creciente concienciación y de la mayor atención por parte de los medios de comunicación, según cifras oficiales el 97% de las mujeres españolas que son víctimas de violencia doméstica no denuncia los hechos. En Europa, según el Consejo de Europa, la violencia doméstica constituye la primera causa de muerte y de discapacidad de las mujeres de edades comprendidas entre los 16 y los 44 años. El número de muertes causado por violencia doméstica es mayor que el motivado por enfermedades como el cáncer o por los accidentes de tráfico. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abuso en su vida.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Las mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia y los gobiernos tienen el deber de promover, proteger y hacer realidad este derecho, incluso cuando se encuentran en peligro en sus propias casas o en manos de individuos privados. Los derechos humanos establecen que las personas tienen los mismos derechos por ser seres humanos, descartando de esta manera el alegato de que la cultura, la costumbre o la religión justifican la violencia contra las mujeres.

El 4 de junio, el Gobierno español presentó el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida sobre la mujer. Con este anteproyecto, España reconoce su diligencia debida, es decir, su obligación en el derecho internacional de investigar los actos de violencia en contra de la mujer, de llevar a la justicia a los culpables, otorgar reparaciones a las víctimas y promover medidas educativas y administrativas con el objeto de evitar que la violencia ocurra, sin tener en cuenta el estatus migratorio de la mujer o dónde viva.

Este año, 32 mujeres han muerto por violencia doméstica, y son miles las que no encuentran el amparo y la protección necesaria frente a estas agresiones, sobre todo si se trata de colectivos especialmente vulnerables: mujeres inmigrantes indocumentadas, discapacitadas, solicitantes de asilo, y las que viven en el mundo rural. Los estudios sobre las leyes anteriores han demostrado que existe una gran diferencia en el nivel de la protección otorgada a mujeres en diferentes regiones de España.

El anteproyecto debe asegurar que todas las mujeres, a pesar de su estatus migratorio o de donde vivan, estén igualmente protegidas. En España existen determinadas prestaciones clave, como el acceso a los centros de emergencia y acogida, y el acceso a asistencia jurídica gratuita, que les están siendo denegadas de forma sistemática a las mujeres inmigrantes indocumentadas, por el hecho de no tener residencia regular, con lo que además de vulnerarse sus derechos se las condena aún más al desarraigo y la exclusión.

Pero faltan también programas estatales específicos para prevenir la violencia de género en el ámbito rural, donde según la primera Macroencuesta del Instituto de la Mujer de 2000 existe una mayor incidencia de la violencia de género en el ámbito familiar "no reconocida" por las mujeres que la sufren. No se trata tan sólo de que no puedan acceder a los recursos por falta de movilidad -que es igualmente un importante freno a la hora de que estas mujeres obtengan ayuda-, sino que también, especialmente en las mujeres de mayor edad, es necesario superar determinadas actitudes provocadas por el entorno.

La ausencia de coordinación y supervisión estatal de las políticas de protección gestionadas por los organismos de ámbito regional y local puede dar lugar a que la mujer goce de sus derechos de forma desigual en todo el Estado. La violencia en contra de la mujer es un problema tan arraigado que la misma ley debería prever explícitamente una serie de estándares mínimos de prevención, investigación, apoyo a las víctimas y reparación. Se debe garantizar la evaluación y los estudios de impacto necesarios para asegurar la eficacia de las medidas que se implementan y ver si se pueden mejorar.

Las leyes son un buen primer paso, pero sólo ofrecen protección si se implementan, de lo contrario son exclusivamente papeles impresos. Establecer un marco legal es un buen inicio, pero el problema va más allá de las leyes porque tiene sus raíces en la actitud de la sociedad.

No debemos olvidar que la violencia contra la mujer sucede porque lo permitimos. A las mujeres les da miedo o vergüenza hablar de ello; las mujeres frecuentemente tienen que pagar un precio muy alto por hablar de ello, como Esperanza. Los hombres lo niegan. La sociedad lo tolera y busca pretextos en nombre de la religión, la costumbre, la cultura o la tradición.

El Gobierno debe actuar adoptando la ley y asegurando su aplicación. Y nosotros mismos debemos actuar analizando críticamente nuestras propias actitudes y cuestionando la manera en la que toleramos la violencia contra la mujer.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe procurar una ley efectiva que proteja a todas las mujeres en España, sean españolas o extranjeras, vivan en zonas urbanas o rurales. Todos debemos asegurarnos de que la discusión sobre el anteproyecto de ley sea el inicio de un proceso de cambio de los valores de la sociedad en relación a la violencia contra las mujeres.

Publicado en El País. 26.6.1004



2004-06


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