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Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Estado Español

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El artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), establece que el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia de género y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas, incluyendo propuestas de actuación con el objeto de garantizar el máximo nivel de tutela para las mujeres.

En cumplimiento del citado mandato legal, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer aprobó, el pasado 28 de junio de 2007, coincidiendo con el primer año desde su constitución, su primer Informe Anual, elaborado a partir de la propuesta de un grupo de personas expertas en la materia.

El Informe destaca que, el carácter integral con el que se aborda la violencia de género en la Ley Integral y la introducción de la perspectiva de género en su elaboración, hacen de esta Ley el mejor instrumento normativo de los hasta ahora elaborados por España, de ahí que despierte un alto nivel de expectativas en toda la sociedad.

Por otra parte, respecto de la dimensión de la violencia de género, el Informe resalta que se ha producido un aumento sostenido de las denuncias en los últimos años, sobre todo como consecuencia de una mayor consciencia del fenómeno y de una mejora progresiva de la atención y protección de sus víctimas. Así, constata que el número de denuncias por violencia de género ha aumentado más de un 70% entre 2002 y 2006 y que la tasa de denuncias por cada mil mujeres de 18 y más años ha pasado del 2,66 en 2002 al 4,29 en 2006.

Para concluir, una vez analizadas las medidas que se han puesto en marcha para abordar la violencia de género desde la aprobación de la Ley Integral, el Informe recoge las actuaciones que el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, propone como refuerzo o continuación de las que ya están disponibles y de las incluidas en el Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género (2007-2008) y en el Catálogo de Medidas urgentes.

El informe contempla cuatro propuestas de actuación generales y otras 79 englobadas en ocho ámbitos diferentes: educativo no universitario; universitario; de medios de comunicación y publicidad; sanitario; laboral, de seguridad social y de apoyo económico; de derecho a la asistencia social integral; médico-forense; y jurídico:

Las cuatro propuestas de actuación general son:
1. La creación de la base de datos del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, a partir de los indicadores que han quedado establecidos.
2. Formación y especialización.
3. Coordinación, seguimiento y evaluación de las distintas medidas, para permitir la mejora y adopción de pautas de actuación comunes que garantizarán la continuidad del sistema de protección.
4. Sensibilización y prevención.

Con ellas, que no son las únicas que incluye el documento del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, se pretende realizar un trabajo multidisciplinar para luchar contra la violencia de género.

En el ámbito educativo no universitario, hay ocho propuestas. Unas se dirigen a la prevención de los malos tratos, como enseñar a construir la igualdad de género desde la práctica o extender la prevención a toda la población escolar, desde una perspectiva integral basada en el respeto a los derechos humanos, que enseñe a rechazar todo tipo de violencia e incluya actividades específicas contra la violencia de género.

Otras van destinada a la actuación y entre ellas se encuentran: el desarrollar protocolos sobre qué hacer desde la escuela en caso de tener conocimiento de violencia de género en el alumnado o en sus familias; y llevar a cabo una recogida sistemática de información para establecer con precisión los avances y limitaciones educativas en las recomendaciones propuestas.

En el ámbito universitario, se realizan ocho propuestas, como la implicación de la Universidad para erradicar la discriminación en la propia institución, la incorporación de todos en la construcción de un nuevo pacto social entre mujeres y hombres que contemple el cambio de las estructuras patriarcales; o que se incluyan materias especializadas en género en todas las titulaciones de grado que deberán diseñarse en las universidades a partir de 2007.

Los medios de comunicación y la publicidad son objeto de siete propuestas, entre las que se incluyen: la existencia en las redacciones y en las jefaturas de redacción de periodistas con especialización en temas de género, capaces de aplicar enfoques no androcéntricos a las noticias y reportajes; avanzar en la autorregulación para informar sobre la violencia de género y velar por el cumplimiento de la ley en materia publicitaria.

Quince son las propuestas que se hacen para el ámbito sanitario. Entre ellas, destaca incluir en todos los planes de salud y carteras de servicios de las Comunidades Autónomas la violencia de género, tanto en atención primaria y especializada como en los servicios de salud mental y de ginecología y obstetricia.

También se propone elaborar y desarrollar planes de formación sobre violencia de género en cada Comunidad Autónoma y su evaluación sistemática; implantar el protocolo común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género en todas las Comunidades Autónomas en el plazo mínimo posible; la inclusión sistemática de las acciones de detección precoz y atención adecuada de la violencia de género en todos los programas específicos y promover la coordinación entre profesionales de la sanidad de los distintos niveles de asistencia y los de otros ámbitos, asignando recursos humanos y materiales.

En cuanto al ámbito laboral, de seguridad Social y de apoyo Económico, de las 12 propuestas, destacan: analizar las posibilidades de ampliar a las trabajadoras por cuenta propia los derechos reconocidos a la que son por cuenta ajena; estudiar la inclusión de la prestación de incapacidad temporal entre las prestaciones para cuya generación se reconoce la cotización efectiva durante el tiempo de suspensión con reserva del puesto de trabajo y evaluar, a través de las propias trabajadoras, los resultados de la negociación colectiva en materia de desarrollo y garantía de los derechos laborales reconocidos en la Ley Integral. Las seis propuestas de actuación en el ámbito del derecho a la asistencia social integral incluyen: la realización de un estudio sobre los recursos en materia de asistencia social integral y de una investigación sobre los recursos terapéuticos y los programas de intervención, que pueda conducir a una propuesta de mínimos comunes de calidad; mejorar la información dirigida a las mujeres extranjeras e incluir la violencia de género en la formación y acreditación de mediadores interculturales y de intérpretes orales y de lengua de signos que trabajen en servicios sociales y otros servicios de atención a mujeres. La creación de las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en cada uno de los Institutos de Medicina Legal, formadas por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Medicina Forense, Psicología y Trabajo Social, es una de las seis propuestas de actuación en el ámbito médico-forense. Otra es que los equipos psicosociales de familia, menores y de las oficinas de ayuda a las víctimas de violencia se integren en un mismo modelo funcional de actuación que recoja en una base de datos común los resultados del estudio y haga posible aportar y compartir la información obtenida por los diferentes equipos.

En cuanto a las 17 propuestas de actuación en el ámbito jurídico, se realizan de tres tipos:
1. De carácter global, como realizar un estudio sobre la situación jurídica de las mujeres inmigrantes en situación irregular en España.
2. De actuación en el ámbito jurídico, con repercusión especial en cuestiones de índole civil: toma en consideración de la violencia ejercida sobre la mujer o sobre el menor en los casos de secuestro internacional de menores e impulso de las acciones, de naturaleza normativa que hagan posible la permuta del uso atribuido a la vivienda familiar por el uso de otra vivienda, a fin de que la víctima pueda elegir un lugar de residencia donde se sienta suficientemente segura.
3. En el ámbito penal y judicial. Entre ellas, el tratamiento unitario de los programas a los que se subordina la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad; la generalización de los programas de rehabilitación para maltratadores y la inclusión del delito de quebrantamiento de pena o medida cautelar o de seguridad, en los supuestos en que éstas impliquen prohibición de residencia, aproximación o comunicación con las víctimas de violencia de género, dentro del catálogo de delitos cuya instrucción corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Y por último, también se propone la necesidad de dirigir una campaña informativa a la población extranjera; la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento on-line para las mujeres víctimas de la violencia de género; y la revisión del lenguaje sexista para su expulsión del Ordenamiento Jurídico.


Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2007


2007-07


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