Apestan a soborno los casos de pederastas libres

Resulta ahora que los pederastas se pueden salvar de la acción de la justicia, cuando son denunciados y hay la presunción grave de que son eso, pederastas, mediante sobornos, maniobras legales y amenazas en este último caso contra las niñas o adolescentes que los denuncian y que después de la presión amenazante retiran los cargos.

Es el caso del supuesto líder sindical Ramón Salvador Gámez Fernández (la información en los periódicos nunca ha precisado a cual gremio dice representar), quien fue absuelto por el secretario de acuerdos del juzgado 15 de lo penal del DF, Miguel Angel Pérez Camacho, cuando la titular, la jueza Beatriz Elena Moreno Cárdenas se encontraba ausente de su puesto de trabajo al momento de la absolución, hace unos cuantos días en la primera semana de enero de este año.

El asunto apesta a nefando delito contra varias menores del sexo femenino, que se mantiene en la impunidad en los casos que se han registrado en los últimos tiempos. Primero, el del ricacho Jean Succar Kuri en Cancún, preso en Estados Unidos en espera de su extradición, y que la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho denunció en un libro llamado ’Los demonios del edén’, evidenciado nada menos que en videos dados a conocer a todo México por TV, donde el mismo pederasta usa el ’argumento’ de que si de todos modos esas niñas tarde o temprano iban a perder la virginidad, él estaba haciéndoles el ’servicio’ de lograrlo, a cambio de algunas dádivas a sus familiares, naturalmente junto con amenazas por si se les ocurriera denunciarlo.

Este asunto no terminó ahí, con la denuncia penal contra Succar Kuri, y su huida a Estados Unidos ni con la demanda de extradición, como se recuerda. Como en su libro Lydia Cacho denunciaba noticias de medios locales de Cancún que involucraban a otro empresario, también de origen libanés pero residente de Puebla, Kamel Nacif, éste logró que se le instruyera denuncia por difamación no en la jurisdicción del domicilio de ella, Cancún, sino en Puebla, fuera de todo derecho, desde donde con una orden de juez poblano ’debidamente’ armada, corrieron policías judiciales de ese estado y la secuestraron, sin notificación previa alguna, para llevarla a Puebla, en un largo viaje por carretera de mil kilómetros, para dictarle formal sentencia de prisión por difamación, de la cual salió provisionalmente libre mediante el pago de una alta fianza económica.

Primer asunto de presunta impunidad, donde todo apunta a que los abogados de Kamel Nacif ’colaboran’ en la defensa de Succar Kuri, su amigo, paralelamente al retiro de las demandas de algunas de las niñas agraviadas por el evidente y confeso pederasta. O sea, le están ’echando montón’ legal a Lydia Cacho para inhibir la acción penal presentada por ella contra Succar. Los abogados de Kamel Nacif exigen que ella ’pruebe’ sus acusaciones contra Nacif, también llamado ’el rey de la mezclilla’, cuando Lydia Cacho sólo se limitó a incorporar a su libro denuncias periodísticas de que Surcar había huido de Cancún en un avión propiedad de Nacif.

El más reciente caso de impunidad es el del sedicente líder sindical Gámez Fernández. El secretario del juzgado 15 de lo penal del DF, Miguel Angel Pérez Camacho, en funciones de juez por ministerio de ley, dictó sentencia de absolución, pese a las denuncias de las niñas atentadas. La jueza ausente en el momento de la absolución, Beatriz Elena Moreno, exigió por TV que se le diera una disculpa a ella por el daño moral que se le estaba infligiendo al hacerla cómplice de una absolución amañada que, arguyó, está sustentada en derecho. A esto el jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, respondió el viernes 6 de enero afirmando que no sólo no le iban a dar una disculpa, sino que investigarán a fondo su proceder y el de su juzgado. ’Que tenga la seguridad, dijo el funcionario, de que le haremos una buena investigación’, declaró.

En este asunto, tres de las víctimas del estuprador Gámez Martínez retiraron sus demandas debido a sobornos y amenazas, por lo que al final la acusación en su contra se basó en la denuncia sólo de una joven, y las otras testimoniales, que confirman los actos de corrupción de menores, no fueron consideradas por la autoridad jurisdiccional. El subprocurador de Averiguaciones Previas, Renato Sales Heredia, había dicho el jueves 5 que quien debe una disculpa a las jóvenes víctimas del atentador es la jueza Moreno Cárdenas, no se le debe a ella, quien queda sujeta a mayores averiguaciones de parte del Consejo de la Judicatura del DF y de la propia procuraduría de justicia capitalina.

Es todo un trayecto judicial que se puede denominar como el de la impunidad de pederastas que apesta a sobornos y transas. Y con esos ejemplos, ese tipo de autoridades exigen a las nuevas generaciones que respeten a sus mayores y cumplan con el Estado de Derecho.