Cataluña es la primera comunidad autónoma que fija a través de su nuevo Estatuto “derechos y deberes” para sus ciudadanas y ciudadanos más allá de los que recoge la Constitución Española.

Se trata de un capítulo exhaustivo que incluye muchos derechos de nueva generación. Ello se ha logrado porque finalmente se alcanzó un pacto con CiU y PP para incluir en el Estatuto con rango de ley orgánica y no como carta anexa como pedían los sectores conservadores en un principio.

La propuesta del Estatuto Catalán incorpora derechos como los que se garantiza la sostenibilidad medioambiental, la protección ciudadana ante todo tipo de contaminación, el acceso igualitario a las nuevas tecnologías y el derecho a “morir dignamente”.

Se trata del texto marco de una nación, avanzado en cuanto a los derechos que reconoce a las mujeres de manera amplia y en diversos puntos.

Ya el decálogo incluido en el preámbulo elaborado para resumir el espíritu del estatuto para la ciudadanía señala en el punto octavo:

“La tradición política democrática de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de los derechos y los deberes, del saber, de la educación, de la cohesión social y de la igualdad de derechos, y hoy, en especial, la igualdad entre hombres y mujeres”.

En el capítulo de derechos y deberes y principios rectores, encontramos un paquete de derechos que el Estatuto reconoce para las mujeres, entre ellos, el derecho a vivir sin discriminación y a participar en pié de igualdad:

ARTICULO 19. DERECHOS DE LAS MUJERES

1. Todas las mujeres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal, y a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, maltrato y todo tipo de discriminación. 2. Las mujeres tienen derecho a participar en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres en todos los ámbitos públicos y privados”.

Entre los principios rectores que deben cumplir las administraciones públicas el artículo 41 recoge el de la “perspectiva de género” que obliga a las administraciones catalanas a garantizar el principio de igualdad en el trabajo, a incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones, a abordar de manera integral la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a reconocer el valor económico del cuidado y a velar por libre decisión de la mujer especialmente con respecto a su propio cuerpo:

“1. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a la ocupación, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la retribución y en todas las otras actuaciones, y también han de garantizar que las mujeres no sean discriminadas a causa de su embarazo o maternidad.

5. Los poderes públicos han de velar porque la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos por lo que respecta a las cuestiones que puede afectar a la dignidad, la integridad y el bienestar físico y mental, en particular en lo que se refiere al propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva.”

Atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de políticas de género y lucha contra la violencia de género (article 153).

ARTÍCULO 153. POLÍTICAS DE GÉNERO