El 26 de junio pasado la prensa publicó que el PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de las mujeres y los hombres (LOI). El PP considera que vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en condiciones de igualdad, rompe con el principio de igualdad constitucional, condiciona la expresión ideológica y de los partidos políticos y limita ilegítimamente la capacidad elegible, obligando a los partidos políticos a confeccionar las listas teniendo en cuenta el sexo de los candidatos.

Con el debido respeto, tal vez el PP no recuerde que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Y, según nuestra Constitución, corresponde al Estado promover y acelerar las medidas que hagan de esta igualdad un principio real y efectivo. La ley recurrida por el PP desarrolla este principio de igualdad en la participación política, uno de los derechos fundamentales, estableciendo que ni hombres ni mujeres deben gozar de una situación de privilegio que desequilibre el principio de igualdad, y ninguno de los dos colectivos, hombres y mujeres, ha de superar el 60% ni ser inferior al 40%. No parece, pues, que haya situación de privilegio ni para unos ni para otras.

Pero, además, como señalan con acierto las profesoras de Derecho Constitucional Julia Sevilla y Asunción Ventura Franch, "no es el Estado el que crea derechos, sino la persona, que existe antes del Estado, y que nace como ser humano con todos los derechos que luego la ley reconoce y el Estado garantiza", y "desde esta perspectiva, el recurso del PP cuestiona los avances de la sociedad y puede pretender una vuelta a los 90, cuando todavía no se había consolidado que las mujeres y los hombres son iguales, también en el ámbito político".

Infinitos e imprevisibles son los escollos que encuentran las mujeres en su camino hacia la igualdad, pero ocurra lo que ocurra con la ley y el recurso, el objetivo ya está trazado.

Fuente: El Periódico de Cataluña